El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) prepara una ampliación del actual Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) con la creación de un mecanismo específico de subastas destinado a movilizar inversión hacia determinadas actuaciones de eficiencia energética

La medida forma parte del proyecto de modificación del Real Decreto 36/2023, actualmente en audiencia pública, que plantea una revisión amplia del funcionamiento del sistema CAE después de sus tres primeros años de aplicación.

Desde su puesta en marcha se han presentado más de 9.400 solicitudes de certificados, de las que alrededor de 7.000 ya han sido resueltas favorablemente y más de 1.300 continúan en tramitación. En conjunto, los expedientes aprobados representan un ahorro energético certificado superior a los 7.700 GWh.

La reforma pretende aprovechar este crecimiento para introducir nuevos instrumentos de financiación, mejorar la tramitación de los certificados y reforzar la trazabilidad y el control de los ahorros reconocidos.

Dos tipos de subastas para orientar la inversión

La principal novedad del proyecto es la creación de dos modalidades: las subastas de compromisos de ahorro energético y las subastas de necesidades de ahorro energético.

Las convocatorias podrán centrarse en tecnologías, actuaciones o perfiles de beneficiarios concretos. El Ministerio señala como posibles ámbitos la movilidad eléctrica, la rehabilitación integral de edificios residenciales, las actuaciones dirigidas a pymes o población vulnerable y los proyectos capaces de conseguir reducciones relevantes de emisiones, siempre vinculadas a un ahorro efectivo de energía.

En las subastas de compromisos de ahorro, los adjudicatarios recibirán una prima económica adicional al valor de los CAE generados por la actuación. Una vez ejecutado el proyecto y certificado el ahorro, esos certificados podrán seguir comercializándose dentro del sistema ordinario.

Las subastas de necesidades de ahorro funcionarán de forma diferente. En este caso se adjudicará directamente una contraprestación económica por el ahorro conseguido. Los CAE asociados computarán para los objetivos nacionales de eficiencia energética, pero se liquidarán directamente y no podrán comercializarse posteriormente. Además, el volumen de ahorro obtenido mediante este segundo modelo será adicional al reparto anual de obligaciones entre los sujetos obligados.

Las subastas se realizarán mediante un procedimiento competitivo pay as bid, de forma que cada adjudicatario recibirá el precio correspondiente a su propia oferta. El proyecto contempla también fases de precalificación y calificación, garantías de participación y de cumplimiento y límites al volumen que pueda adjudicarse a una misma empresa o grupo empresarial.

El mecanismo incorporará asimismo un precio de reserva, destinado a evitar ofertas excesivamente elevadas, y un precio de riesgo, para detectar propuestas demasiado bajas que puedan comprometer la viabilidad de las actuaciones.

La CNMC supervisará los procedimientos y el proyecto prevé además la publicación de un calendario indicativo de subastas con un horizonte de dos años, actualizado al menos una vez al año.

Actuaciones nuevas, financiación y posibles aplicaciones

Una de las condiciones clave será que los ahorros procedan de actuaciones iniciadas después de la celebración de la subasta. De este modo, se busca asegurar que el incentivo económico haya influido realmente en la decisión de inversión.

El MITECO plantea, por tanto, este mecanismo como una vía para impulsar proyectos que pueden resultar menos atractivos dentro del mercado ordinario de CAE por sus elevados costes iniciales o sus periodos de retorno más largos. Esto puede afectar a rehabilitaciones energéticas profundas, procesos industriales, actuaciones integrales sobre edificios o renovaciones de instalaciones que requieran inversiones de mayor alcance.

La financiación de las subastas podrá proceder del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) y de otras fuentes presupuestarias. El proyecto establece, con carácter general, que las ayudas obtenidas mediante las subastas serán incompatibles con otros incentivos destinados a financiar la misma actuación, aunque podrán contemplarse excepciones justificadas, especialmente en proyectos relacionados con consumidores vulnerables, pymes o reducciones significativas de emisiones.

El MITECO prevé además consultar a la Comisión Europea para confirmar el encaje del nuevo sistema dentro de la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado.

Plataforma electrónica y mayor control sobre los CAE

La reforma va más allá de las subastas e introduce también cambios en la gestión ordinaria del Sistema CAE.

Entre ellos destaca el desarrollo de una plataforma electrónica integral que concentrará buena parte de la gestión de los certificados, desde las solicitudes y su inscripción hasta las transmisiones y liquidaciones.

La plataforma permitirá gestionar de forma diferenciada los CAE procedentes del sistema ordinario y los ahorros vinculados a las nuevas subastas, y podrá publicar información sobre la evolución del precio medio de compraventa de los ahorros energéticos.

El proyecto revisa igualmente los plazos administrativos, las funciones de los distintos participantes y las condiciones para la inscripción y liquidación de certificados. Entre los cambios previstos figura la posibilidad de inscribir CAE hasta tres años después de finalizar la actuación que originó el ahorro, dentro de los límites temporales establecidos por la normativa.

También se refuerzan los mecanismos de inspección. La Secretaría de Estado de Energía deberá fijar criterios comunes para realizar comprobaciones sobre los proyectos que hayan generado certificados y cada año se llevarán a cabo inspecciones in situ sobre una muestra representativa de las actuaciones. El objetivo es verificar que los ahorros declarados se han producido realmente y que las instalaciones cumplen las condiciones que permitieron emitir los certificados.

Con esta modificación, el Gobierno pretende consolidar el Sistema CAE como uno de los principales instrumentos para alcanzar los objetivos nacionales de eficiencia energética y añadir, mediante las subastas, una herramienta capaz de dirigir inversión hacia ámbitos considerados prioritarios.

El proyecto permanecerá en audiencia pública hasta el 23 de septiembre de 2026, por lo que su contenido todavía podrá modificarse antes de su aprobación definitiva.

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