La revisión del marco regulatorio europeo en materia ambiental (Paquete Ómnibus Ambiental) ha abierto un frente técnico que trasciende lo puramente normativo para adentrarse en la operativa diaria de fabricantes, importadores y distribuidores de equipos eléctricos y electrónicos. Es por ello, que LightingEuroe ha lanzado un documento de posicionamiento que introduce una batería de ajustes técnicos dirigidos a afinar la propuesta legislativa actualmente en discusión en la Unión Europea.

La asociación sectorial valora positivamente el objetivo de la Comisión de reducir cargas administrativas innecesarias, pero considera que el impacto real de esta simplificación depende de cómo se concreten determinadas medidas clave.

Es por ello que LightingEurope plantea tres líneas de actuación específicas: culminar la eliminación de la base de datos SCIP, redefinir el sistema de reporte de la responsabilidad ampliada del productor (EPR) mediante ventanas trimestrales armonizadas a escala europea y posponer el debate sobre los representantes autorizados al futuro marco de la Circular Economy Act. A juicio del sector, la incorporación de estos ajustes permitiría traducir la simplificación normativa en una reducción efectiva de costes y complejidad operativa, sin comprometer la capacidad de control ni el equilibrio competitivo dentro del mercado de equipos eléctricos y electrónicos.

Eliminación de la base de Datos SCIP

LightingEurope respalda de forma explícita la supresión de la base de datos SCIP. Desde su entrada en vigor en 2021, esta obligación ha supuesto un esfuerzo considerable de reporte para fabricantes, importadores y distribuidores de equipos de iluminación y del conjunto del sector EEE, sin que se haya evidenciado un valor añadido significativo en términos de economía circular a escala europea.

En la práctica, la herramienta ha tenido una utilización limitada por parte de operadores de residuos y recicladores, mientras que gran parte de la información exigida ya está cubierta por obligaciones existentes en el marco del artículo 33 del reglamento REACH Regulation. El resultado es un sistema que, lejos de mejorar la trazabilidad de materiales, ha derivado en un ejercicio esencialmente administrativo, generando costes desproporcionados a lo largo de toda la cadena de valor —desde productores hasta gestores de residuos— sin beneficios equivalentes.

En el caso específico de la iluminación, el impacto es especialmente acusado. La necesidad de notificar múltiples variantes de producto —a menudo diferenciadas por cambios menores—, junto con la obligación de mantener actualizaciones constantes, ha implicado volúmenes elevados de registros y la necesidad de invertir en soluciones tecnológicas para su gestión. Este conjunto de exigencias recae de forma directa sobre las empresas, sin aportar mejoras sustanciales frente a otros canales de información ya disponibles o en desarrollo.

Por ello, la eliminación de SCIP se plantea como una medida inmediata y tangible de reducción de carga administrativa. En este contexto, la asociación solicita a los colegisladores europeos la aprobación sin modificaciones del artículo 1(2ii) de la propuesta de Reglamento 2025/0394, de modo que su derogación entre en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Armonización de la presentación de informes de Responsabilidad Amplificada del Productor (EPR)

LightingEurope valora positivamente la intención de la Comisión Europea de armonizar la frecuencia de reporte en el marco de la responsabilidad ampliada del productor (EPR), pero considera que la propuesta debe reforzarse para lograr una simplificación efectiva en la práctica. Limitarse a establecer una periodicidad anual común no resuelve el problema de fondo: los productores que operan en varios Estados miembros seguirían enfrentándose a calendarios nacionales divergentes, lo que diluye el objetivo de armonización.

Para que el Environmental Omnibus tenga un impacto real, el sector propone ir un paso más allá e introducir ventanas de reporte unificadas, con fechas de inicio y cierre comunes en toda la Unión Europea. Este ajuste permitiría reducir de forma tangible la complejidad administrativa, al eliminar la actual fragmentación de plazos y garantizar que todos los Estados miembros operen bajo un mismo calendario.

Es por ello que LightingEurope plantea que un sistema de reporte trimestral representa el equilibrio más adecuado entre los distintos modelos nacionales existentes. Este enfoque permite mantener un seguimiento periódico de los datos, al tiempo que distribuye de forma más gestionable las obligaciones económicas asociadas al EPR. Además, ofrece a empresas de diferentes tamaños —con recursos y capacidades diversas— un marco más predecible para preparar la información y organizar los pagos correspondientes.

Desde el punto de vista normativo, la propuesta se concreta en una modificación del artículo 1(1) del Reglamento 2025/0394. Frente al planteamiento de la Comisión, que establece una frecuencia máxima anual, la enmienda propone un sistema de reporte trimestral con fechas límite armonizadas: 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y 31 de enero de cada año, correspondientes a cada trimestre natural anterior.

La justificación es clara: la simplificación real del sistema EPR no depende únicamente de reducir la frecuencia de reporte, sino de alinear también los plazos entre Estados miembros. Sin esta coordinación, la carga administrativa persiste. En cambio, la implantación de ventanas trimestrales comunes a escala europea aportaría previsibilidad, facilitaría el cumplimiento para operadores multinacionales y permitiría avanzar hacia una armonización efectiva del sistema.

Reconsideración de la suspensión de los representantes autorizados

Finalmente, LightingEurope expresa una preocupación significativa ante la propuesta de suspender la obligación de designar representantes autorizados. Aunque se reconoce el objetivo de reducir los costes de cumplimiento, se advierte de que esta medida puede tener efectos contraproducentes sobre la eficacia del sistema, especialmente en lo que respecta a la aplicación de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor (EPR).

La figura del representante autorizado cumple una función clave en el mercado interior: actúa como responsable legal en el Estado miembro donde se comercializan los productos, facilitando la interlocución con las autoridades y garantizando que las obligaciones regulatorias puedan exigirse de forma efectiva. Su eliminación podría dificultar de forma notable la capacidad de las administraciones nacionales para supervisar y, en su caso, sancionar a operadores que actúan de manera transfronteriza.

Desde un punto de vista operativo, esto abre la puerta a posibles desequilibrios competitivos. En ausencia de un responsable legal local, determinados agentes podrían eludir sus obligaciones, generando lo que en términos regulatorios se conoce como comportamientos de free riders. Esta situación no solo afecta a la equidad del mercado, sino que también compromete la sostenibilidad financiera de los sistemas EPR, que dependen de la contribución de todos los actores implicados.

Por este motivo, LightingEurope considera que esta cuestión no debería abordarse en el marco del Environmental Omnibus, sino en un contexto legislativo más amplio y estructural. En concreto, propone trasladar el debate a la futura Circular Economy Act, donde podría definirse un marco más sólido en materia de vigilancia de mercado y cumplimiento normativo, evaluando con mayor profundidad las implicaciones de cualquier cambio.

En línea con este planteamiento, la asociación recomienda eliminar del Reglamento 2025/0396 la disposición relativa a la suspensión de los representantes autorizados y posponer su tratamiento a la próxima reforma integral del sistema de economía circular.

Puede acceder al documento de posicionamiento (en Inglés) a través del siguiente enlace:

https://www.lightingeurope.org//images/LE_-_Comments_Environmental_Omnibus_-_FINAL_-_20260305.pdf

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