La Xunta de Galicia ha anunciado que convocará una nueva línea de ayudas destinada a facilitar actuaciones de eficiencia energética en las infraestructuras vinculadas a la prestación de servicios municipales en ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes.

La orden de ayudas, que tendrá un periodo temporal de 2025-2026, contará con una inversión de 5 millones de euros, y los ayuntamientos beneficiados pueden cubrir hasta el 80% de los gastos de mejoras en aislamiento, iluminación interior y climatización con un límite de 120.000 euros.

Por tanto, las actuaciones a subvencionar tendrán que estar asociadas a este tipo de actuaciones, como la mejora de la iluminación interior de edificios e instalación de sistema de control y regulación de la iluminación; mejora de las envolventes térmicas, aislamientos en cubiertas y fachadas, y la instalación de carpinterías exteriores o acristalamientos; o mejoras relacionadas con la a la climatización y calefacción, que puede incluir fuentes de energía renovable.

Los resultados obtenidos en ediciones anteriores han supuesto un importante impulso para la mejora de la eficiencia energética en el parque inmobiliario destinado a las prestación de servicios a la ciudadanía de los ayuntamientos gallegos, que se beneficiaron de las mismas más de medio centenar de entidades locales.

En concreto, en la provincia de A Coruña hay 17 ayuntamientos beneficiarios, que se distribuyen casi 1,7 millones, y en la de Ourense 15 con casi 1,5 millones de euros financiados. En Pontevedra, 10 municipios recibieron algo más de un millón de euros, y en Lugo en nueve localidades se repartieron cerca de un millón de euros

Estas inversiones, más allá de la eficiencia energética, también han tenido impacto en la en la economía local. Al requerir mano de obra para la implementación de las mejoras, se fomenta la actividad económica en sectores como la construcción, la ingeniería y la consultoría ambiental. Además, al reducir los costes operativos de los edificios municipales, se libera capital que puede ser reinvertido en otros servicios públicos esenciales.

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