El “súper” plan de iluminación LED, de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia acaba en la fiscalía. Cada vez son más los municipios valencianos que están presentando la documentación ante el Ministerio Fiscal.
El 8 de agosto de 2012 se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia las bases del denominado Plan de Eficiencia energética en Alumbrado Público. Un programa que planteaba un gasto de 30 millones de euros para que los led sustituyeran las fuentes de iluminación tradicionales y así abaratar la factura energética de los ayuntamientos valencianos. Se veía venir.
Desde que en el 2012 empezó a “fabricarse” este súper plan de iluminación, que en palabras de Alfonso Rus, era la “envidia” de Europa y que no consistía en nada más que la “chusca” sustitución de bombillas de vapor de sodio o halogenuros por bombillas de “racimo” E-40 con tecnología LED, buscando el ahorro en watios. Pero así sin más, quito una y pongo otra. Rus le ha dado una patada en el trasero a muchas cosas, parece según el juez instructor de acuerdo con la fiscalía a las arcas públicas, y otra, a la gestión de las infraestructuras públicas donde debe de buscarse las mejores condiciones técnicas y las mayores garantías, más de un alumbrado público que debe proporcionar seguridad y confortabilidad a los ciudadanos, entre otras cuestiones, que para eso lo pagamos. La luz de la calle no es gratis.
Rus, le ha dado una patada en el trasero a un mínimo de rigurosidad y seriedad. Esto pasa cuando ciertos políticos se quieren apuntar medallas, aprovechando una corriente. la del ahorro energético, sin tener ni puñetera idea, desoyendo a muchos profesionales serios, que seguramente tendría al rededor en la Diputación y que a bien seguro se desgañitarían intentando convencerle de hacer las cosas bien. Si a eso se le suma la supuesta corrupción de la que está siendo acusado y por la que fue detenido hace unos días, ya tenemos el «pastel». Pues bien desde un punto de vista técnico, Rus le ha dado una patada a la sensatez y necesidad de un proyecto técnico precedido por una auditoria que ofreciese una radiografía real de las instalaciones del alumbrado público y de sus necesidades en los municipios valencianos. Un proyecto técnico con una memoria, un ámbito de actuación, unos objetivos claros, una normativa que cumplir y unos parámetros técnicos y garantías que proporcionar. Pero claro, esto debería de suponer mucho trabajo y hacer las cosas bien contratando empresas y profesionales serios, pues cuesta dinero, que limita los márgenes del “mangoneo”. Esto apesta desde el principio, y hace mucho daño al sector. Se pone en duda las empresas, la tecnología, y a los profesionales que nada tienen que ver con esto.
Ahora, hace unos días el pleno del Ayuntamiento de Paiporta aprobó el jueves trasladar a la Fiscalía toda la documentación que afecta al plan de instalación de bombillas LED que realizó la institución.
La corporación adoptó a propuesta del gobierno local tripartito, integrado por Compromís, el PSPV-PSOE y Podeu, al que se sumó Ciudadanos, mientras el Partido Popular, que lidera el exdiputado provincial Vicente Ibor, votaba en contra. Vaya parece que no están, como muy decididos a luchar contra la corrupción (han dicho que no les ha dado tiempo a estudiarlo y que por eso han votado en contra).
El “súper” plan ha resultado que parte de las luminarias que se adquirieron, todavía están en el almacén municipal. Fueron localizadas al inicio de este mandato casi 800 bombillas. Por todo ello, el pleno acordó que el ayuntamiento estudiará personarse en la causa que se sigue por esta trama de corrupción que afecta al PP valenciano y trasladar a la Fiscalía toda la documentación que obra en los expedientes municipales.
Las últimas informaciones es que la Diputación de Valencia, de Rus, pagó bombillas a los contratistas por valor de 27,4 millones, pero, en realidad, sólo tenía constancia de que se hubiera entregado material por valor de 18 millones. Sin ser duchos en cálculo matemático, hay una diferencia de 9,4 millones a favor de las empresas adjudicatarias. El importe certificado siempre debería ser igual al abonado. Si lo supera hay un sobrecoste que debe explicarse. Pero este caso es más insólito, la Diputación de Valencia ha pagado 9,4 millones de más por una mercancía que no existe formalmente, que no tiene “certificado”. Inelcom, según las informaciones y la documentación publicada en los pasados días, es la más beneficiada por estos desfases contables.
Según okdiario.com Inelcom tenía adjudicados de partida 15,2 millones de euros, del total de 30 destinados por la Diputación a comprar bombillas LED en el marco del plan de ahorro energético. La empresa recibió 13,2 millones de la diputación por sus bombillas, pero sólo consta como “certificado” la entrega de LEDS por valor de 9,3 millones. Es decir, Inelcom cobró casi cuatro millones de más por unas bombillas inexistentes en la contabilidad oficial.
Llama mucho la atención las empresas adjudicatarias en este plan de iluminacion: Marina D´Or, El Corte Inglés, Inelcom, etc. Nos indica el nivel de exigencia del “super” plan. Estaría bien saber la aportación a la historia de la iluminación de este país o de cualquier otro, de estas empresas. Su contrastado y dilatado “expertise” en la fabricación de soluciones de iluminación, “Know How” tecnológico o en proyectos de alumbrado público o de otra índole. No se esfuercen, no van a encontrar nada. Tampoco se rían, que se han tirado a la basura 30 millones de euros que hubiesen venido al sector muy bien. Y si no que se lo pregunten a las empresas del sector que vienen sufriendo los ajustes de esta crisis, pero intentando mantener sus infraestructuras y personal y sus inversiones en I+D+i en un mercado muy competitivo.
Pero además, siguiendo con la opacidad del asunto, y con la información publicada por okdiario.com los LEDs más baratos de entre los ofertados por las empresas adscritas al plan de ahorro energético de la Diputación de Valencia sólo obtuvieron el 0,59% (la bombilla de Marina D´Or a 75,3€ la unidad) de los 30 millones adjudicados. Únicamente cuatro de los 413 municipios valencianos que participaron en la adjudicación eligieron las bombillas más baratas. Inelcom, con su bombilla a 150€ de media logró colocar aproximadamente 73.000 unidades.
Llamativo, cuanto menos, que el plan de ahorro energético, puesto en marcha por Rus para la compra centralizada de bombillas LED para el alumbrado público de los ayuntamientos valencianos, no favoreció ni siquiera la oferta más barata por más que les saliera gratis ya que pagaba Rus con fondos estatales, es decir con su dinero y el mío.
