La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado en su “Informe sobre Morosidad 2014” presentado hace unos días que el año pasado el 70% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010, una “situación de completo abuso”, según el presidente de la entidad, Antoni Cañete.
El resultado, elaborado a partir de más de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas, ha permitido obtener información relevante sobre la evolución de los plazos de pago en España:
- El 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora.
- El 94% se manifiesta a favor de implementar un régimen sancionador con el que multar a las empresas morosas.
- El plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 en 2014, frente a los 60 legales.
- El período de pago del sector público volvió a mejorar, esta vez en 29 días, reduciéndose un 26%, esto es, de 111 días en 2013 a 82 en 2014, cifra que aún así casi triplicaba el máximo legal (30 días).
De acuerdo con el “Informe sobre Morosidad 2014” de la PMcM, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 en 2014, frente a los 60 que marca la ley.
Por su parte, el período de pago del sector público volvió a mejorar, esta vez en 29 días, reduciéndose un 26%, esto es, de 111 días en 2013 a 82 en 2014, cifra que aun así casi triplicaba el máximo legal (30 días).
El estudio también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 5,7%, lo que significó un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2013 (5,1%).
El 94% de las empresas, a favor del régimen sancionador
Si se analizan los últimos años se observa que las acciones realizadas en diferentes ámbitos han conllevado una mejora progresiva de los plazos de pago, sobre todo en las Administraciones Públicas, “porque se pusieron en marcha medidas sancionadoras”, explica el presidente de la PMcM. De 2009 a 2014, la media en el sector público descendió a casi la mitad (un 47%), y en el privado un 12%.
Entre otros logros, la PMcM ha sido una de las principales impulsoras para modificar la Ley contra la Morosidad para que el plazo máximo de pago que se pueda acordar por las partes en un contrato no supere, en ningún caso, los 60 días naturales; acabar con el trato desfavorable que reciben los subcontratistas por parte de los contratistas en las prácticas de pago; contribuir a que el Gobierno pusiera en marcha planes de pago a proveedores; hacer cambiar el proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, que pretendía alargar los plazos de pago si había cesión del crédito a un tercero; y crear un sello de “buen pagador” para las grandes compañías e instituciones y otro de carácter reivindicativo mediante el cual se puede solicitar el cobro de facturas en el tiempo que establece la Ley.
En la actualidad, una de las principales reivindicaciones de la PMcM se centra en implantar un régimen sancionador, “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago”, según Cañete. “Con este sistema se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”, añade. En este sentido, el informe de la PMcM recoge la opinión de las empresas sobre si creen necesario implantar este sistema para solucionar el problema de la morosidad. Casi la totalidad de los encuestados (94%) manifestó estar a favor.
La propuesta del régimen sancionador está recogida en el ‘Manifiesto Tolerancia Cero con la Morosidad’ que ha elaborado la PMcM y al que se han adherido recientemente los grupos parlamentarios. También incluye otras reivindicaciones para reducir de forma efectiva esta práctica. Entre éstas, la PMcM propone implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del mediador que tanto éxito ha tenido en Francia. Asimismo, se contempla crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratistas; y desarrollar un Observatorio contra la Morosidad que incluya la participación activa y explícita de la PMcM. La puesta en marcha de esta plataforma permitiría conocer con rigor el comportamiento en los pagos en nuestro país.
El manifiesto lo completan otras medidas que hacen referencia a los gastos y costes inherentes al cobro de facturas fuera de plazo deben ser abonados por el comprador, siendo irrenunciable el derecho a recibir intereses de demora. Otra de las consideraciones recogidas en el documento es que se debe implementar en la práctica la reserva de dominio, que es un derecho recogido en la Ley contra la Morosidad, pero muy difícil de ejercer en la realidad empresarial.
Del mismo modo, se debe dotar a los acreedores de los instrumentos para la reposesión inmediata de los bienes no pagados por el deudor cuando exista una cláusula de reserva de dominio en el contrato. Además, hay que evitar que la liquidación de facturas mediante títulos cambiarios o a través de servicios financieros, como el confirming, permita a los compradores ampliar los plazos de pago legales.
Descarga Informe: Informe Morosidad 2014 – PMcM-1
