La Junta de Andalucía construye un nuevo edificio administrativo en la ciudad de Málaga con un presupuesto de 17,5 millones de euros. El conjunto arquitectónico tendrá una superficie de 14.000 metros cuadrados y ha sido proyectado para conseguir la máxima calificación energética prevista en la normativa.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha presentado el proyecto que se desarrollará en el número 72 de la avenida José Ortega y Gasset de la capital, sobre una parcela de 2.781 metros cuadrados en la que actualmente se encuentra el antiguo Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación. Este edificio, que se ha venido utilizando como archivo, quedará integrado en el proyecto junto a una construcción de nueva planta.

La actuación forma parte del proyecto de concentración de sedes administrativas que está impulsando su departamento, en una apuesta por “el ahorro y la eficiencia”, así como para “la recuperación de espacios atractivos para la ciudad y confortables para el trabajo de los profesionales públicos”.

Datos del proyecto

La nueva construcción, de ocho plantas de altura más castillete y cuatro plantas de sótano, tendrá una superficie total de 13.850 metros cuadrados. El edificio se concibe de forma modular y flexible en una planta tipo organizada a partir de un módulo estructural de 7,20 x 7,20 metros, lo que permite una configuración funcional de los espacios. En el exterior, tres de sus fachadas se cubren con paneles modulados de distintas tonalidades que crean una composición aleatoria, mientras que la cuarta fachada se resuelve con un muro cortina con protección de lamas verticales automatizadas.

El proyecto vela por la integración en el entorno y el respeto al medio ambiente del nuevo edificio. El resultado será un edificación sostenible con la máxima calificación energética prevista en la normativa. En su construcción se cuidarán aspectos como la durabilidad de los materiales y la facilidad de su mantenimiento, así como las condiciones climáticas, de iluminación y ventilación, la ausencia de ruidos y la ergonomía, para garantizar la calidad del ambiente de trabajo. La previsión es que en estas dependencias presten servicio en torno a 500 empleados públicos.