El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la semana pasada un paquete de ayudas por valor de más de 9,6 millones de euros con el objetivo de fomentar el ahorro y la eficiencia energética en pymes y grandes empresas industriales en la región hasta 2024.
Tal y como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, se trata de una medida con la que el Gobierno regional quiere fomentar “el ahorro y la eficiencia energética” del tejido empresarial de Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que “se reducen las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final”.
Gracias a este conjunto de ayudas, ha explicado Fernández, se mejorará, por un lado, la tecnología en equipos y procesos industriales y, por otro, “se dará un impulso a la implantación de sistemas de gestión energética” en las empresas del sector en la región, lo que “viene a reforzar la estrategia del Ejecutivo de García-Page en la consecución de un sistema productivo moderno, sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.
Eficiencia energética, reducción de emisiones y ahorro para las empresas
Así, gracias a esta medida a la que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde esta semana, se podrán realizar inversiones para la sustitución de equipos e instalaciones y sistemas auxiliares consumidores de energía, por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética; todo ello, con el objetivo de reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO2 de las instalaciones industriales de la comunidad autónoma. A este apartado se destinarán más de 8,6 millones de euros a razón de 1,7 millones de euros al año.
Del mismo modo, ha detallado la consejera de Igualad y portavoz, a través de estas ayudas se podrá acometer la instalación de sistemas de medición de las variables de consumo de energía y el establecimiento de los sistemas informáticos necesarios para el análisis, regulación y control que permitan el óptimo funcionamiento de estas instalaciones.
Unos sistemas a los que el Ejecutivo destinará cerca de 1 millón de euros hasta 2024 y que, ha subrayado Fernández, “no sólo reducirán el consumo de energía final, sino que supondrán un importante ahorro” para las empresas del sector industrial de Castilla-La Mancha que accedan las ayudas, además de favorecer la disminución de emisiones contaminantes y de proporcionar a las industrias de la región “la obtención de información de forma rápida y precisa” para la gestión energética de estas instalaciones.
A estas ayudas, cuya cuantía total asciende a 9.628.878,45 euros, podrán optar tantos las pymes como las grandes empresas del tejido industrial de Castilla-La Mancha, además de las empresas suministradoras de servicios energéticos de la región.
Estrategia global contra el cambio climático
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha hecho hincapié asimismo en que este paquete de ayudas no es “una medida aislada” sino que “forma parte de una estrategia global contra el cambio climático” que se desarrollará a lo largo de la presente legislatura y que ya fue avanzada por el ejecutivo de Emiliano García-Page durante los últimos cuatro años.
En este sentido se ha referido, entre otros, el plan estratégico para proceder a la dotación de techos solares en edificios públicos y que, hasta 2025, permitirá un ahorro de hasta 150 millones de euros; un programa incluido en la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha horizontes 2020 y 2030 que, ha recordado, se aprobaba el pasado 29 de enero y que marca “una hoja de ruta clara y un marco favorable para avanzar hacia un futuro más sostenible y en línea con los objetivos europeos”.
Asimismo se ha referido a las ayudas para la adquisición y transformación de vehículos eficientes; línea que, ha confirmado, tendrá continuidad en este nuevo mandato y que la misma Administración autonómica “ha hecho suya” con la renovación paulatina e integral de la flota del parque móvil de la Junta de Comunidades, que se inició a finales de 2018.
A esta misma estrategia, ha continuado Fernández, pertenecen medidas como la progresiva instalación de hasta 200 puntos de recarga eléctrica en edificios públicos de la región, con el que se dará “un claro empujón a la movilidad urbana multimodal sostenible”, al mismo tiempo que se contribuye a la reducción de la emisiones de dióxido de carbono.
