La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado el reparto de 368 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas para financiar actuaciones de eficiencia energética en edificios públicos sanitarios y educativos.
Los recursos se distribuirán mediante dos programas: el PREE Sanitario, dotado con 168 millones de euros, y el PREE Docente, con 200 millones. Ambas líneas se financiarán con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y estarán coordinadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), encargado de transferir los fondos a cada territorio.
Las comunidades autónomas gestionarán las ayudas y definirán en sus respectivas convocatorias las actuaciones subvencionables, la intensidad de las ayudas, los requisitos técnicos y el régimen de concesión, que podrá ser directo o mediante concurrencia competitiva.
Los dos programas permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2030 y permitirán financiar intervenciones sobre envolventes térmicas, climatización, agua caliente sanitaria, energías renovables, iluminación y sistemas de automatización y control.
PREE Sanitario: 168 millones para hospitales y centros de salud
El PREE Sanitario destinará 168 millones de euros a mejorar la eficiencia energética de hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles pertenecientes a la red sanitaria pública.
El reparto territorial se ha calculado a partir del número de camas hospitalarias, centros de salud y consultorios locales registrados en el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024. Con este criterio, la financiación se distribuye en función del tamaño de la infraestructura sanitaria de cada comunidad o ciudad autónoma.
El programa podrá cubrir actuaciones sobre la envolvente térmica de los edificios, la renovación de sistemas de calefacción y refrigeración, la producción de agua caliente sanitaria, la incorporación de energías renovables y la mejora de instalaciones específicas vinculadas a la actividad asistencial.
También se contempla la renovación de la iluminación y la implantación de sistemas de automatización, regulación y control. Estas soluciones permitirán reducir la potencia instalada, adaptar el funcionamiento de los equipos a la ocupación real y mejorar el seguimiento de los consumos energéticos.
Para recibir las ayudas, las actuaciones deberán acreditar una reducción mínima del 15% en el consumo de energía final del edificio o de las instalaciones sanitarias sobre las que se intervenga. Cada comunidad autónoma concretará las condiciones de acceso, los porcentajes de financiación y las prioridades de inversión.
PREE Docente: 200 millones para colegios e institutos públicos
El PREE Docente contará con 200 millones de euros para mejorar el comportamiento energético de colegios, institutos y otros centros públicos de enseñanza no universitaria.
La distribución de los fondos se realizará de manera proporcional al número de centros docentes existentes en cada territorio. El programa tendrá un alcance potencial elevado, ya que los centros educativos públicos no universitarios acogen a cerca de seis millones de alumnos en España.
Las ayudas podrán financiar rehabilitaciones energéticas integrales y actuaciones específicas sobre determinadas instalaciones. Entre las intervenciones previstas se encuentran la mejora del aislamiento de fachadas y cubiertas, la sustitución de cerramientos, la renovación de los sistemas de calefacción y climatización y la incorporación de generación renovable.
El programa también incluye la modernización de la iluminación mediante tecnología LED y la incorporación de sensores, regulación automática y sistemas de control. Estas actuaciones deberán plantearse manteniendo los niveles de iluminación, la uniformidad, el confort visual y las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad docente.
Para acceder a las ayudas, los proyectos deberán conseguir una reducción mínima del 10% en el consumo de energía final del edificio o de las instalaciones específicas incluidas en la actuación.
Las comunidades y ciudades autónomas definirán las condiciones concretas de las convocatorias, pudiendo priorizar los proyectos en función del estado del parque educativo, las necesidades de climatización, el potencial de ahorro o la capacidad técnica y económica de las administraciones titulares de los centros.
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