Doce patronales españolas y los sindicatos de CC.OO. y UGT firmaron el pasado 28 de noviembre una ‘Declaración por la Industria’ para pedir al Gobierno, así como a los poderes legislativos, la creación de un pacto de Estado por la Industria que permita desarrollar las medidas y políticas que configuren una política industrial sostenida en el tiempo.
El acuerdo recoge nueve políticas para impulsar la competitividad industrial en materia energética, infraestructuras tanto logísticas como de transporte, políticas de I+D+i, así como financiación y potenciación del tejido industrial, entre otros
Los agentes sociales de la industria española han instado al Gobierno, a los partidos políticos, a los poderes legislativos y las autoridades, instituciones o poderes públicos con competencias en el ámbito económico o social, a asumir un Pacto de Estado por la Industria.
Dicho acuerdo, que se ha materializado en el Consejo Económico y Social (CES), persigue el desarrollo de medidas y políticas de Estado capaces de configurar una política industrial «sostenida» en el tiempo, con el objetivo marcado por la Unión Europea de que España incremente hasta el 20% el peso de este sector en el conjunto del PIB de cara al año 2020.
El acuerdo recoge nueve políticas para impulsar la competitividad industrial en materia energética, infraestructuras tanto logísticas como de transporte, políticas de I+D+i, así como financiación y potenciación del tejido industrial, entre otros. De igual modo, dicho pacto también contempla la instauración de una Secretaría de Estado de Industria con competencias y recursos para impulsar la agenda industrial.
El desarrollo de la industria, una necesidad para el crecimiento de España
De las nueve políticas para impulsar la competitividad industrial que reclaman las organizaciones empresariales y sindicales se encuentra el desarrollo, programación y regulación de una política energética estable que permita garantizar el suministro energético a un precio competitivo y que atienda a la necesaria reestructuración de nuestra Industria y Economía.
Para los firmantes es esencial también aplicar una política de regulación inteligente que, además de proteger los principios de unidad de mercado a escala nacional y europea, evite la inseguridad jurídica que genera la sobrerregulación existente en el ámbito industrial, y mejore la eficacia y eficiencia de las normas en vigor y futuras mediante la realización de evaluaciones de impacto rigurosas.
Asimismo, es necesario diseñar una política de infraestructuras logísticas y de transporte que permita mejorar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de los diferentes modos de transporte de mercancías y de las infraestructuras intermodales, así como acelerar el acceso de las empresas radicadas en España a los mercados internacionales.
Los agentes sociales de la industria también creen que es preciso establecer una política de I+D+I y desarrollo tecnológico y digital que facilite y apueste por la actividad innovadora de las empresas y, por otra parte, permita atraer y desarrollar en España centros públicos, privados y mixtos avanzados y especializados en aquellas áreas transversales y esenciales para dotar de base tecnológica a la industria. Es asimismo imprescindible incrementar la inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación que aumente la generación de producciones de mayor valor añadido.
Además, consideran que es indispensable impulsar una política de formación y empleo que garantice el desarrollo del talento y de la capacitación de los trabajadores a lo largo de la vida laboral, considerando que constituyen el principal y más valioso activo de la empresa en la sociedad.
También el Gobierno debe priorizar la ordenación y control de medidas de carácter fiscal, especialmente las de carácter medioambiental que puedan provocar la ruptura de la unidad del mercado, distorsionar la libre competencia y mermar la competitividad de nuestro tejido industrial.
Debe promoverse una política de inversión, internacionalización y comercio exterior que asuma los objetivos de atracción de inversiones productivas industriales en nuestro territorio y facilite la penetración de la producción española en mercados exteriores. España debe mantener en el ámbito europeo la necesidad de reforzar los instrumentos de defensa comercial de forma que se garantice, por una parte, el acceso a los mercados exteriores y, por otra, evite la competencia de importaciones desleales. España instará a la Unión Europea para que en los nuevos acuerdos comerciales se incluyan los criterios éticos, de defensa de los derechos humanos, de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, y del compromiso con la lucha contra el cambio climático en el alcance de los mismos.
Para facilitar la financiación y potenciación del tejido industrial, es necesario incrementar la dotación y articular más eficazmente los instrumentos nacionales y comunitarios de apoyo a la inversión en proyectos innovadores generadores de empleo, así como orientarlos fundamentalmente a la Pequeña y Mediana Empresa.
Por último, consideran que es preciso impulsar la sostenibilidad industrial y su contribución continua al desarrollo de procesos, productos y bienes cada vez más sostenibles y comprometidos con la seguridad y la protección del medio ambiente de forma general y, particularmente, con las estrategias de mejora de la eficiencia energética, de la lucha contra el cambio climático y de la economía circular.
Asimismo, y con objeto de promover la sostenibilidad de modo global, debe simultáneamente salvaguardarse la competitividad de las empresas industriales radicadas en nuestro país para evitar su relocalización en lugares donde la producción se realiza con estándares de seguridad y protección del medio ambiente sensiblemente inferiores a los europeos.
Adjuntamos la declaración completa: dpactoindus-def
