Tal como establece el Real Decreto 56/2016, el plazo para que las grandes empresas españolas realizasen su primera auditoría energética obligatoria finalizó el pasado 14 de noviembre. A partir de esta fecha, las empresas contaban con un periodo de tres meses para registrarlas de manera adecuada en sus respectivas comunidades autónomas. El plazo se acaba y todo parece indicar que muchas no podrán cumplir con  dicho plazo.

Antes del 14 de febrero, las 3.800 empresas privadas y 2.452 públicas que hay en España han de haber realizado y registrado la auditoría de eficiencia energética de sus instalaciones, tal y como obliga el Real Decreto 56/2016 (poner boe).

Según informa Eleconomista.es parece que dichas auditorías no van a estar en tiempo ni en plazo, ya que, pese a la ausencia de datos oficiales actualizado, a estas alturas se estima que en el sector privado, habrán registrado sus auditorías entre el 60 y el 70% de las empresas obligadas a ello, mientras que en el ámbito público no se prevé que cumplan ni siquiera el 25%.

Pese a ello, según declara Rodrigo Morell, presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), a Eleconomista.es, «el sentir es positivo. Venimos de la nada y ya tenemos una reglamentación que era necesaria y que llegó al ordenamiento español con mucho retraso». 

¿A qué empresas afecta el real decreto?

La auditoría energética es de aplicación para grandes empresas, es decir, aquellas que tengan más de 250 trabajadores y/o tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y un balance general que exceda de 43 millones de euros. De igual modo, será de aplicación a los grupos sociales establecido en el artículo 42 del Código de Comercio. Quedan excluidas las PYMES y microempresas.

Con el Real Decreto 56/2016 en vigor, las grandes empresas deben a partir de ahora realizar una auditoria energética cada cuatro años a partir de la fecha de la anterior auditoria energética.

Este Real Decreto, traspone la Directiva europea 27/2012, y, tal y como indica el rotativo, tiene como objetivo conocer el estado de las organizaciones, sus consumos, sus emisiones de CO2… como un primer paso para, después, establecer planes de eficiencia energética que contribuyan al cumplimiento de los acuerdos de París y a combatir los efectos del cambio climático.