El sector del material eléctrico está de enhorabuena tras la decisión del pleno del Congreso de los Diputados, para la puesta en marcha de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en la que ANFALUM ostenta la vicepresidencia con Pilar Vázquez, ha logrado un hito histórico en sus reivindicaciones que marcarán un punto de inflexión en la economía de nuestro país.

Uno de los problemas endémicos del sector construcción es el incumplimiento de los plazos legales de pago. Al menos hasta ahora, tras la decisión del pleno del Congreso de los Diputados, de incorporar la reivindicación de la PMcM de disponer de un régimen sancionador que multe a los morosos y mejore la liquidez de las pymes y autónomos de España al reducir el endeudamiento financiero.

Regular los pagos a proveedores era una tarea imprescindible, tal y como manifestó Antoni Cañete, presidente de la PMcM tras conocerse que el Congreso valida la propuesta de régimen sancionador tras la comparecencia de la entidad el pasado 8 de junio en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica.

La industria de la Iluminación representada por ANFALUM ha valorado muy positivamente la decisión adoptada en la cámara baja, conscientes de que toda la cadena de valor del material eléctrico se beneficiará de la puesta en marcha del régimen sancionador. Un sistema que cada vez está más cerca de ser una realidad como herramienta de productividad, competitividad, y reducción del endeudamiento financiero de miles de empresarios de instalaciones eléctricas.

Se espera que esta medida sea adoptada por la vía de urgencia, para acabar con la lacra de la morosidad, tal y como señala el presidente de la PMcM Antoni Cañete: “poner fin a la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país; el régimen sancionador supondrá un punto de inflexión en la economía del país, será la clave para acabar con esta lacra, que posiblemente sea la que más vaya a generar pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en estos momentos, en los que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”.

ANFALUM confía, en línea con la reivindicación de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en que los 12.000 millones de euros de remanente a los ayuntamientos se puedan destinar en parte al pago a proveedores, con vistas a salvar a miles de empresarios que realizaron proyectos eléctricos, de alumbrado, y de mantenimiento de instalaciones públicas, que siguen pendientes del cobro de los trabajos realizados.