Desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas apoyan la iniciativa que fomenta la compra de productos de industria nacional. El presidente de la Cámara, Jorge Luis Cavanna, nos ha remitido un comunicado en el que desde las pymes apoyan promover la propuesta Compre Trabajo Argentino con la que se impulse el desarrollo, fomente el empleo y disminuya la pobreza.
Un comunicado en el que destacan que con respecto al régimen Compre Trabajo Argentino, es fundamental tener en cuenta que este proyecto no genera ninguna obligación de comprar a la industria argentina a cualquier precio, así como tampoco tiene alcance sobre las compras de los particulares, sólo pretende que el estado nacional y los concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios; al usar recursos públicos, faciliten la compra de productos de industria nacional teniéndolos en cuenta al momento de gestar sus proyectos.
Este estímulo a la compra de productos fabricados en Argentina debe tener en cuenta que éstos tributan una serie de impuestos que superan el 38% de su precio de venta con lo cual un margen preferencial para su adquisición no sólo no le costará dinero extra al tesoro sino que facilitará el ingreso de recursos que de optar por un bien importado jamás habrían ingresado. Es por eso que al ser el estimulo mucho menor que los impuestos que pagan, el estado siempre tendrá un beneficio fiscal que redundará en más recursos para todos los argentinos. Por ello no es cierto que esta ley signifique mayor costo fiscal para las deterioradas arcas del estado; muy por el contrario aportara fondos extras al fisco.
Según señala Cavanna en el comunicado además de impulsar la generación de empleo –con la consecuente baja de subsidios por falta de trabajo se lograra el aumento de familias con acceso a una obra social, el ahorro de divisas, la inversión en investigación y desarrollo, y una industria competitiva y sustentable para exportar al mundo.
El estímulo previsto por la ley debe considerar las faltas sistémicas de nuestra economía que atentan contra la competitividad productiva: excesiva presión impositiva, altos costos financieros, una logística deficiente, monopolios en insumos y demás variables que son ajenas al control de las Pymes y restan competitividad. Una vez que nuestro propio estado «cumpla los deberes» y corrija estas fallas para que nuestra matriz de costos tenga valores equivalentes con la de los países con los que debemos competir una parte de este estímulo se volverá innecesario. De otro modo, hoy se nos plantea una competencia desigual en la cual el mismo Estado será quien termine firmando el certificado de defunción de la industria y pasará como siempre: que las pymes estarán en la boca de todos pero en las manos de nadie.
En segundo lugar, al lograr un ciclo virtuoso de beneficio fiscal, generación empleo y ahorro de divisas cuanto más alcance tenga el régimen, mayores serán los beneficios. Por eso proponemos que la nueva ley llegue al 13% del PBI que es el porcentaje que reconoce la OCDE y no se limite al 5% previsto en los cálculos oficiales por considerar muchos menos sujetos alcanzados.
Consideran que es imprescindible contar con un dictamen urgente de las comisiones de Obras Públicas, Presupuesto y Pymes de la Cámara de Diputados, para tratar los proyectos de reforma del antiguo régimen de Compre Trabajo Argentino para transformarlo en una herramienta útil de desarrollo, un reclamo de las pequeñas y medianas industrias argentinas por el que llevamos más de una década trabajando.
Para que este proyecto pueda transformase, incíden, en la necesidad de una verdadera herramienta de desarrollo industrial competitivo debe aprovecharse la experiencia de quienes padecieron la degradación del régimen vigente que fue sistemáticamente eludido hasta perder su propósito original.
En concreto desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, CADIEEL, proponen:
1. Ampliación de los sujetos obligados a cumplir con el régimen: extender el universo de sujetos obligados incorporando a todas las empresas con participación estatal –tal como están incluidos en otros países- permite estimar que se crearán 220.000 puestos de trabajo, la recaudación impositiva alcanzará más de 100.000 millones de pesos y un ahorro de divisas de 10.000 millones de dólares. De esa forma las compras alcanzarían al 13% del PBI.
2. Autoridad de aplicación: Teniendo en cuenta la importancia que se le otorga es necesario definir en el cuerpo de la ley un ‘Consejo Asesor’ no vinculante que trabaje en conjunto con la autoridad de aplicación y que pueda garantizar la transparencia e idoneidad. Con participación de los actores de la producción y el trabajo debe ayudar a garantizar el cumplimiento de la letra y el espíritu de la norma.
3. Montos de compra: Las Pymes representan el 98% de las empresas nacionales y más del 70% de la fuerza laboral. El monto de 80 mil módulos como piso para la aplicación del régimen excluye a gran parte de estas industrias y, especialmente, a los emprendimientos innovadores por lo cual debiera existir un mecanismo previo obligatorio de revisión para montos inferiores. Las cámaras de cada sector pueden aportar su conocimiento de lo que se fabrica con la suficiente conocimiento y celeridad.
4. Margen de preferencia: Comparada con la década del 90 la presión tributaria se triplicó. Según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne hay actividades en los que llega a niveles mayores al 44%, en tanto Argentina ocupa el puesto 104 en los ranking de competitividad. Ante este escenario, debe contemplarse un margen del 20% y un adicional transitorio (del 5%), que podría reducirse en la medida que se reduzcan las deficiencias estructurales de nuestra economía, márgenes de que sólo generan beneficios fiscales.
5. Reserva de mercado: Es necesario fijar una reserva de mercado del 25% para las Pymes industriales argentinas y otra del 20% en apoyo a la innovación. Esta iniciativa es una llave para el crecimiento y desarrollo implementada por potencias industriales como Estados Unidos, China, Brasil y Corea del Sur que busca corregir mediante la intervención activa del Estado las asimetrías del mercado. A modo de ejemplo, se establece que las compras menores a los 10.000 módulos deben efectuarse solo a Pymes argentinas.
6. Comparativa de precios: Para lograr total transparencia al momento de comparar precios se compararan precios contado, en la misma moneda, en igualdad de condiciones de calidad, entrega y con todos los impuestos y gravámenes incluidos en el lugar de destino final. Posteriormente, sobre el precio del producto nacional se deducirá el porcentaje del estimulo, y el valor obtenido se comparará con la mejor oferta extranjera. Es fundamental que esta condición esté establecida en la ley para evitar que pueda producirse pérdida de transparencia y para el control de los mismos oferentes.
Consideran que si se toman en cuenta estos aportes se ampliarán la recaudación fiscal, el ahorro de divisas y, fundamentalmente, la generación de empleo. Caso contrario, el proyecto puede terminar como un decálogo de buenas intenciones sin cumplir el objetivo enunciado pues si se falla en estos puntos, un régimen que debiera ser transparente se volverá opaco y discrecional.
Esperan que el Congreso analice en detalle estos puntos y lleve adelante las modificaciones necesarias para lograrlo.
Desde CADIEEL afirman que si estos puntos no se contemplan, las Pymes industriales van a perder una gran oportunidad y que Argentina no podrá contar con una base sólida para lograr una política de estado que permita el crecimiento sustentable, competitivo e innovador.
CADIEEL tiene una propuesta de Compras Públicas para impulsar el desarrollo Pyme, el empleo, la competitividad y la innovación desarrollada por un equipo interdisciplinario de profesionales que sumados a la experiencia de los industriales presenta una mirada integral de esta problemática.
Presentamos una serie de propuestas acompañadas de un estudio de legislación comparada de Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, México y la Unión Europea, y un estudio del costo – beneficio en términos de generación de empleo, ahorro de divisas e ingresos fiscales.
El presupuesto nacional de 2017 destinará 19.200 millones de pesos para adquirir equipamiento para la concreción de obras públicas, si se aplicase la propuesta de CADIEEL se podrían crear en un año alrededor de 35.000 empleos, un aporte a las arcas públicas de más de 7.300 millones de pesos y un ahorro de divisas de cerca de 1.000 millones de dólares.
