Amparo Pernichi delegada de Infraestructura y Medio Ambiente mantuvo reunión con los sindicatos y en una apuesta por defender lo público frente a la posible externalizarían del servicio de alumbrado público, anunció que se buscarán nuevas soluciones en base a una nueva auditoría.
Como ya publicamos los pasados días, en Córdoba tras la formación de nuevo gobierno, no se acaban de poner de acuerdo en quien llevará la gestión del alumbrado público, un servicio que constituye uno de los puntos fuertes del programa de gobierno de IU y PSOE. Ahora, tras reunirse con distintos sindicatos Pernichi ratificó, su voluntad de colaborar con los mismos y «retomar la mesa técnica en la que se sienten todos los agentes implicados en el ámbito de la infraestructura, para que las decisiones sean consensuadas, meditadas y sensatas».
Pernichi ha apuntado a una nueva auditoría para resolver el conflicto «vamos a empezar a estudiar soluciones en una nueva auditoría, intentado objetivizar tanto medios como recursos para que nos sea lo menos costosa posible». Ello implicaría hacer efectiva la anunciada petición de prórroga del actual contrato hasta el 30 de octubre con el fin de estudiar las posibles soluciones, pero siempre manteniendo lo público porque » tenemos un equipo de trabajadores magníficos, que es desde donde hay que partir para mejorar el servicio». La idea es que la auditoria incluya también todos los servicios que se prestan desde la Delegación de Infraestructura y Medio Ambiente.
Los sindicatos que participaron en la reunión con la delegada fueron Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Confederación General del Trabajo (CGT) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Antecedentes
El anterior gobierno del Partido Popular llevó a cabo una auditoria por la que recibió una subvención de 750.000 euros siempre y cuando se aceptase el informe con fecha límite de 30 de junio. El informe aconsejaba externalizar el servicio de alumbrado público, una decisión que el cogobierno actual no comparte por lo que ha solicitado una prórroga de cuatro meses para estudiar los documentos, si bien han prometido que en unos 10 días avanzarán unas medidas.
