La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) aplaude que Ciudadanos haya presentado en el Congreso una Proposición de Ley para poner en marcha un régimen sancionador que multe a las empresas que sistemáticamente no realizan el pago a sus proveedores en los plazos legales, medida que figura en uno de los 150 acuerdos de Gobierno con el PP.
La Proposición de Ley incluye conceptos tan importantes como la creación de un Observatorio de la Morosidad, la instauración de medidas extrajudiciales que permitirían la solución de conflictos a través del arbitraje, y la penalización a las empresas que incumplan sistemáticamente los plazos de pago
El presidente de la formación, Albert Rivera, había adquirido este compromiso durante la IV Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad (organizada por la PMcM a finales de abril), en la que los partidos políticos coincidieron en que ya era necesario un consenso unánime para instaurar un régimen sancionador, propuesta que todos ellos habían incluido en sus últimos programas electorales.
En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha instado al arco parlamentario a que tramiten la medida “con la máxima urgencia porque un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
En su opinión, “se acaba de iniciar un camino que definitivamente ha de llevar a la consecución del régimen sancionador. Más allá de las apreciaciones que surgirán durante el trámite parlamentario, lo cierto es que se generará un antes y un después en la economía de nuestro país.
“De ponerse en marcha un régimen sancionador y si se consigue que la nueva Ley de Contratos del Sector Público incluya las enmiendas de la PMcM (entre las que se encuentra que no exista acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor), no solo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores, sino que estaríamos delante de un compromiso político que permitirá no crear más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago”, afirma Cañete.
Según el último informe de la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2016 tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.
