La nueva Ley General de la Industria Eléctrica entrará en vigor el próximo 4 de julio, fecha a partir de la cual se inicia un período de transición en que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) deja de tener el monopolio estatal de generar, transmitir y distribuir energía, así como de proporcionar el alumbrado público y el cobro del servicio eléctrico.
Sin embargo para este periodo de transición, el Gobierno de Honduras y el banco privado al que se le adjudicó el fideicomiso del alumbrado público siguen buscando un operador privado internacional que dirija este servicio durante 30 años. El alumbrado público es parte de los tres fideicomisos aprobados por el Gobierno anterior y depende del Banco Continental, quien es el responsable de estructurar el proyecto.
Las autoridades de la Comisión para la Promoción de Alianzas Público Privadas (Coalianza) habían anunciado que el nombre del operador técnico del sistema de alumbrado público se conocería a principios de mayo. Sin embargo, el proceso se aplazó y la misión técnica aún trabaja en la revisión de las bases de licitación para elegir el socio estratégico que resultará de un proceso de concurso.
Los otros dos fideicomisos son el de distribución y transmisión, que también estarán llevados por operadores internacionales. Con la constitución de los fideicomisos, las autoridades hondureñas han explicado que se mejorará el sistema de alumbrado público, ya que hay reclamaciones de los abonados de la ENEE que pagan sin contar con ese servicio.
Emil Hawit Medrano, gerente de ENEE, ha afirmado que hay avances considerables en un proyecto piloto de alumbrado público, a través del cual se instalarán 5.000 luminarias en lugares estratégicos del país. Con el Gobierno anterior, siendo gerente de la estatal eléctrica Roberto Martínez Lozano, se pretendió dar la concesión del sistema de alumbrado público de la ENEE a la empresa Gensa de Colombia, acuerdo que fue cancelado cuando se reveló que los costes del proyecto habían sido sobrevalorados y la iluminación se limitaría a Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras importantes ciudades del país.
Incertidumbre para las inversiones en energía
Con la nueva ley, la estatal eléctrica se limitará a generar energía por medio de sus centrales hidroeléctricas. Sin embargo, según Elsia Paz, expresidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovables (Ahper), hay empresas promotoras de parques eólicos y solares, así como de hidroeléctricas que a la fecha no tienen firmado un contrato de suministro de energía eléctrica con la ENEE que podría ser utilizado como garantía para conseguir financiación.
«… la ley se establece que las licitaciones de nuevos contratos deberán efectuarse mediante la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), entidad que aún no existe pero que sustituirá a la Comisión Nacional de Energía (CNE)»… Según Paz «… este proceso de transición puede durar de dos a tres años”. Esto «… deja en la incertidumbre a un grupo de empresarios del sector energético que representan alrededor de 475 MW y que aún firman contrato de suministro con la ENEE, quienes hicieron millonarias inversiones en varias zonas del país.»
La nueva ley de la industria eléctrica aprobada en el Congreso
Acerca de la nueva legislación
La nueva legislación prescribe que el Ministerio Sectorial de Conducción y Regulación Económica (todavía por crear) es la máxima autoridad gubernamental del subsector eléctrico a la vez se nombra a la Cree como la entidad reguladora del sistema. De esta la ENEE concentrará sus esfuerzos en desarrollar los recursos naturales renovables del país, a lo que se sumará el apoyo del sector privado en las tareas subsidiarias de transmisión, operación del sistema y distribución de la energía eléctrica.
El artículo 29 de esta normativa instruye a la junta directiva de la ENEE a que antes del 1 de julio de 2015, la empresa estatal se transforme en sociedad anónima y complete el proceso para escindirse en tres compañías: una de generación, una de transmisión y operación del sistema y una de distribución, las cuales serán sociedades anónimas propiedad del Estado por medio de la ENEE como empresa matriz.