Un estudio reciente de la Murdoch University cuestiona uno de los supuestos más extendidos en la inversión sostenible: que unas buenas puntuaciones ESG equivalen automáticamente a menor riesgo financiero. A partir del análisis de empresas australianas entre 2014 y 2023, los investigadores muestran que el greenwashing —la brecha entre lo que las compañías dicen sobre su desempeño ambiental y lo que realmente hacen— puede generar una apariencia de estabilidad en el corto plazo, pero no construye solidez financiera duradera. Cuando el mercado detecta la discrepancia entre discurso y realidad, la supuesta ventaja desaparece.

Una señal verde que el mercado compra… al principio
En la última década, las métrricas ESG se han convertido en una pieza central para bancos, fondos y grandes inversores institucionales a la hora de asignar capital. En un entorno marcado por la transición energética, la presión regulatoria y el riesgo climático, una empresa con buena puntuación ESG se percibe como más resiliente, mejor gestionada y menos expuesta a shocks futuros. Esa percepción se traduce, en términos financieros, en una menor volatilidad bursátil y, a menudo, en un menor coste de capital.
El problema es que esas puntuaciones no siempre reflejan el impacto ambiental real. Muchas se basan en políticas corporativas, compromisos a futuro o datos auto-reportados, más que en métricas físicas duras como las emisiones efectivas de carbono. Es en ese espacio donde prospera el greenwashing. Según Tanvir Bhuiyan, uno de los autores del estudio, se trata simplemente de “hablar en verde sin actuar en verde”: proyectar una imagen de sostenibilidad que no se corresponde con la huella ambiental real.
Para medir este fenómeno de forma objetiva, los investigadores desarrollaron un marco cuantitativo que compara directamente las puntuaciones ESG con los datos de emisiones de carbono. Cuando una empresa presenta valoraciones ESG sistemáticamente más altas de lo que justificarían sus emisiones reales, se considera que está inflando sus credenciales ambientales. A partir de ahí, analizaron cómo ese desajuste se relaciona con la estabilidad financiera, utilizando la volatilidad de las acciones como indicador de riesgo percibido por el mercado.
El resultado es claro: en el corto plazo, el greenwashing funciona. Las empresas que exageran su desempeño ESG tienden a mostrar menor volatilidad bursátil, porque los inversores interpretan esas señales “verdes” como un indicio de seguridad. En un mercado cada vez más sensible al riesgo climático, una narrativa ambiental positiva actúa como un tranquilizante financiero. Durante un tiempo, la empresa parece menos arriesgada de lo que realmente es.
El espejismo de la estabilidad y la corrección del mercado
Ese efecto, sin embargo, no dura. El hallazgo central del estudio es que la ventaja financiera del greenwashing se desvanece con el tiempo. A medida que pasan los años y la discrepancia entre los mensajes ESG y las emisiones reales se vuelve más evidente —por nuevas exigencias regulatorias, mayor transparencia en los reportes o presión de inversores activistas— el mercado corrige su optimismo inicial.
Cuando aflora la realidad ambiental, la percepción de bajo riesgo se ajusta al alza y la volatilidad vuelve a aumentar. La estabilidad comprada con una buena narrativa ESG resulta ser frágil. Desde el punto de vista financiero, esto implica que el greenwashing no genera valor sostenible. Puede suavizar la percepción de riesgo durante un periodo limitado, pero no protege frente a ajustes bruscos cuando los datos reales contradicen el relato.
El estudio también muestra que este comportamiento no ha sido marginal. Entre 2014 y 2022, las empresas australianas analizadas reportaron, de media, puntuaciones ESG más altas de lo que justificarían sus emisiones. Es decir, el greenwashing fue una práctica persistente, no una anomalía puntual. Solo en 2023 se observa una caída clara del fenómeno, que los autores atribuyen a un mayor escrutinio regulatorio por parte de la ASIC, al anuncio de divulgaciones obligatorias de riesgos climáticos a partir de 2025 y a una presión creciente de los inversores.
Ese giro reciente sugiere que la regulación y la transparencia sí funcionan como freno al greenwashing, aunque con retraso. Mientras existan asimetrías de información y métricas ESG imperfectas, el incentivo a maquillar credenciales ambientales seguirá ahí. Pero cuando las reglas se endurecen y los datos reales salen a la luz, el mercado termina penalizando a quienes construyeron su estabilidad sobre una base ficticia.

Lo que implica para inversores, reguladores y empresas
Las conclusiones del trabajo tienen implicaciones directas para todos los actores del ecosistema financiero y corporativo. Para los inversores, la advertencia es evidente: las puntuaciones ESG, por sí solas, no son un indicador fiable de riesgo a largo plazo. Basar decisiones de inversión únicamente en rankings o “scores” agregados puede llevar a infravalorar la exposición real de una empresa al riesgo climático y regulatorio. El estudio refuerza la necesidad de contrastar compromisos y políticas ESG con métricas físicas verificables, como emisiones absolutas, intensidad de carbono o inversiones reales en descarbonización.
Para los reguladores, el greenwashing no es solo un problema ético o reputacional, sino un problema de eficiencia de mercado. Si las empresas inflan sus credenciales ESG y los inversores reaccionan reduciendo su percepción de riesgo, el precio del capital se distorsiona. Eso puede conducir a una asignación ineficiente de recursos, premiando a compañías con buen marketing ambiental en lugar de a las que están reduciendo emisiones de forma efectiva. Los autores sostienen que sus resultados respaldan la necesidad de estándares de divulgación más estrictos, auditorías independientes de datos ambientales y una aplicación más dura de las normas anti-greenwashing.
Desde la perspectiva empresarial, el mensaje es igual de claro: exagerar la sostenibilidad puede comprar tiempo, pero no compra resiliencia. Las compañías que inflan sus métricas ESG pueden disfrutar durante un periodo de menor volatilidad y mejor percepción de riesgo, pero esos beneficios se evaporan cuando el mercado detecta inconsistencias. A largo plazo, la estrategia más robusta para gestionar el riesgo financiero no es pulir informes de sostenibilidad, sino reducir efectivamente las emisiones, invertir en eficiencia energética y reportar de forma transparente, incluso cuando los avances son modestos.

Puede acceder al paper completo de la investigación a través del siguiente enlace:
https://www.mdpi.com/1911-8074/18/12/691
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