El 9 de diciembre de 2014 el pleno del Ayuntamiento de El Ferrol bajo el mandato del PP aprobaba la licitación del nuevo contrato de suministro y mantenimiento eléctrico bajo un contrato mixto que unía suministro energético y prestación de servicios. Casi 3 años después el nuevo regidor Jorge Suarez de Ferrol en Común lo tumba.
Todo comenzaba sobre los años 2011-2012 con informes de los técnicos y dos auditoría externas para conocer la situación tanto del alumbrado público, así como de los edificios municipales y que terminaba con la elaboración del pliego por parte del ingeniero municipal con el asesoramiento del Instituto Tecnológico de Galicia (ITEGA).
Los objetivos que perseguía aquel gobierno corporativo en la contratación eran: garantizar el empleo a los más de 15 obreros que se ocupan del servicio; la mejora de la prestación al incluir en un mismo contrato tanto la gestión del suministro eléctrico como el mantenimiento de las instalaciones; la garantía total al contemplar la renovación, relevo o reparación de equipos; la mejora de la eficiencia energética y el fomento del empleo de energías renovables con nuevas instalaciones; un ahorro mínimo de 300.000 euros por anualidad y, por último, inversiones y mejoras en la ciudad -iluminación del casco histórico y de edificios públicos singulares como la Biblioteca Municipal de la Plaza de España, el Centro Torrente Ballester, el Teatro Jofre, el Auditorio de Ferrol o el Pazo Municipal-. El 6 de Marzo y el 10 de abril, se lleva a cabo la apertura de sobres con las propuestas de las 9 empresas que presentaron a la licitación. A partir de ahí…las elecciones municipales del 2015 y paralización total.
Así el 24 de Mayo de 2015, El PP gana las elecciones pero no con mayoría suficiente para gobernar. El segundo partido más votado, Ferrol en Común, se alza a la alcaldía del Ayuntamiento con los votos de BNG y PSOE . En septiembre el nuevo gobierno, como digo paraliza la licitación, bajo la premisa de «reducir las externalizaciones al máximo y revertir a manos municipales las que sea posible. Se trata en ambos casos de contratos millonarios licitados en el último año con el gobierno anterior y por largos períodos de duración», dice el nuevo alcalde, Jorge Suarez.
Y queda todo pendiente de lo que digan los informes técnicos, los cuales se vuelven a pedir a los mismos que ya se le pidieron para sacar adelante el concurso. El alcalde, Jorge Suárez, advierte de nuevo que «la intención es que las externalizaciones queden reducidas al mínimo y que no se realicen esas contrataciones»
Sigue argumentando que «El contrato eléctrico también está pendiente del dictamen de informes jurídicos, que deberán determinar, entre otros aspectos, si las empresas que optaron al procedimiento -que se encontraba a la espera de completar el nombramiento del comité de expertos- tienen derecho a ejercer algún tipo de acción legal y si el Concello deberá abonar algún tipo de indemnización. Pero lo que Suárez ve más factible es seguir el ejemplo de otras grandes ciudades y optar a subvenciones del IDAE de eficiencia energética, contratando de forma independiente el mantenimiento. Ese tipo de contratos de larga duración que unen suministro y mantenimiento están dejándose de hacer porque no se considera en mejor medida para el suministro eléctrico», alega.
Y de todo esto mostró su intención de tomar una decisión definitiva para dejar resueltos ambos contratos a principios del 2016.
La última noticia sobre otra cuestionable gestión de un concurso público, acaba con el pleno de la corporación de Ferrol aprobado el pasado 1 de diciembre en pleno extraordinario, anunciando la renuncia a la adjudicación del contrato eléctrico que el Ejecutivo local, como vengo contando, había heredado de la anterior corporación y que se descarta por considerarse «lesivo y gravoso para los intereses de la ciudad». La decisión, tal y como explicó el alcalde y concejal de Hacienda, Jorge Suárez, se adopta conforme a los informes técnicos aportados por el Instituto Tecnológico de Galicia. Entre las causas que apuntalan esa renuncia a la adjudicación de este contrato está la propia duración del contrato -previsto para 15 años por 2,75 millones de euros- ya que hipoteca y limita la capacidad de maniobra del Ayuntamiento al establecer precios fijos para la electricidad sin tener en cuenta las posibles bajadas y ahorro con tecnologías emergentes. Además, apuntó Suárez, el informe que en su día había servido como base para esta propuesta de contratación databa del año 2011, por lo que se entiende que no está actualizado.
La cuestión primera, es como funcionan los políticos y como funciona la administración. En este caso en la gestión de una licitación pública, que llevan a cuestas desde el 2011. ¡ Si 6 años entre informes, tramitaciones, reuniones, plenos de ayuntamiento y dimes y diretes! Los mismos informes de los funcionarios y organizaciones técnicos, jurídicos y financieros que sirvieron para sacar adelante una licitación ahora echan abajo la misma. ¿Es una problema de interpretación, de informes a medida de quien los solicita, de ineptitud o más bien de presiones políticas sobre los técnicos y funcionarios que realizan los informes? Miren no se…
Dice el alcalde de Ferrol en Común que quiere reducir al máximo las externalizaciones y revertir a manos municipales lo que sea posible. De nuevo entramos en cuestiones ideológicas y no puramente eficientes en la gestión de los servicios públicos. Una polémica que se centra de manera “torticera” principalmente en público o privado, cuando debería centrarse principalmente en los aspectos favorables desde un punto de vista técnico, económico y de servicio eficiente al ciudadano, además de ser rigurosos y precisos, y cuanto menos no adulterar la realidad jurídico-legal de lo que supone la concesión de este servicio. El alcalde quiere «remunicipalizar» por cuestiones ideológicas y no por cuestiones de eficacia económica, técnica y de gestión.
Dice el alcalde también, que el concurso igualmente se descarta por considerarse «lesivo y gravoso para los intereses de la ciudad». Otra causa esgrimida es la propia duración del contrato -previsto para 15 años por 2,75 millones de euros- ya que hipoteca y limita la capacidad de maniobra del Ayuntamiento al establecer precios fijos para la electricidad sin tener en cuenta las posibles bajadas y ahorro con tecnologías emergentes.
Con todo mi respecto o el alcalde no se ha leído las condiciones técnicas y administrativas del concurso o no lo ha entendido. El contrato mixto, tiene dos prestaciones: por un lado el suministro eléctrico y, por otro lado, el mantenimiento de las instalaciones y que incorpora, también, por cierto, lo que es la denominada garantía total, es decir, que la empresa adjudicataria se haga cargo de las reparaciones, sustituciones, renovaciones de equipo, tanto en caso de deterioro como en caso de averías de los mismos y desde luego con la previsión de una mejora de la eficiencia energética y energía renovables y, en definitiva, ahorro energético y a lo que hay que añadir una serie de mejoras e inversiones también previstas, que ascienden a más de 2.700.000 euros. Un procedimiento que supondría, según estudios, un ahorro a las arcas municipales de más de 800.000 euros al año sobre el coste actual, que creo que es un ahorro considerable. Es decir, que todo lo que el alcalde esgrime como lesivo para los intereses de la ciudad, parece que no es sino todo lo contrario.
Además el alcalde y su equipo de gobierno, que paraliza el concurso perjudicando gravemente a las empresas que han estado trabajando y gastando recursos para preparar sus concursos, no tiene alternativa, al menos por ahora. Tendrán que aclarar que es la «remunicipalización». Algo más de un año después de llegar a la alcaldía no se ha avanzado en nada, salvo meter a la ciudad en posibles demandas de las empresas que se presentaron a la licitación y seguir con el alumbrado público del siglo pasado.
Cuando digo que las empresas que se presentaron a la licitación van a demandar al ayuntamiento es porque es evidente la falta de transparencia y seguridad jurídica en ese ayuntamiento ¿Cuáles son las razones de «interés publico» para renunciar a las que el ayuntamiento está obligado a justificar? No, no busquen porque no hay acreditación para tal fin. Todo se sustanciará con indemnizaciones, porque estoy seguro que los tribunales no van a dar la razón al alcalde. Además hay otro problema muy grave y es que la ley prohíbe llevar a cabo otra licitación, después de que se renuncie a este contrato
La gestión de un servicio publico esencial como es el alumbrado público sólo debe estar motivado por el ahorro de energía, la mejora de la seguridad y los menores costes de mantenimiento además de por los beneficios adicionales, que hoy ofrecen las nuevas tecnologías y las nuevas formas de contratación. Perder una oportunidad de oro como la que acaba de perder el alcalde de Ferrol es inaceptable. En el contexto, aún, de crisis actual, el desarrollo de proyectos de eficiencia energética (auditorias del alumbrado público más la posterior implementación de las medidas detectadas) para reducir el gasto energético, disminuir los costes de mantenimiento y por tanto liberar recursos económicos para otras necesidades, es fundamental, sin olvidar que el control en el tiempo de dichos ahorros garantiza la consecución de los objetivos. Hoy por suerte de la actividad privada, las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), que son organizaciones con alto valor tecnológico y que proporcionan servicios energéticos en las instalaciones, están invirtiendo, arriesgando y asumiendo la renovación de los puntos de luz en las calles y plazas con nuevas tecnologías más eficientes que permiten el control telemático, el mantenimiento y reducción de la factura, básicamente a cambio de una tarifa plana que les paga el ayuntamiento y que se libra así de los imprevistos mientras que dura el contrato.
