Las investigaciones iniciadas el pasado junio sobre la posible irregularidad en la utilización de dinero público por parte de AIDO han desembocado en el bloqueo de las cuentas de la entidad, su imposibilidad de afrontar pagos y la apertura de un ERE que anuncia un cierre definitivo.

Antecedentes

El pasado mes de marzo, el  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) dependiente de la Conselleria de Economía remitió a la Fiscalía anticorrupción varios expedientes de subvenciones públicas concedidas a Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) al considerar que diversos gastos no estaban debidamente justificados.

El Ivace bajo la dirección de Joaquín Ríos, había abierto un expediente de minoración de ayudas de ejercicios anteriores y trasladaba a AIDO la petición del Tribunal de Cuentas de Luxemburgo para que fiscalizara el último millón de euros otorgado en Fondos Europeos no suficientemente justificado. Sin embargo la falta de acuerdo con AIDO motivó el envío de la documentación a la Fiscalía la cual abrió una investigación.

Uno de los motivos de las discrepancias entre el equipo gestor de Aido y el Ivace incluyó la decisión de Aido de firmar un acuerdo de colaboración financiera y de gestión con el centro catalán Leitat después de haber fracasado los intentos de fusión con el ITI (Informática) y el ITE (energía) que promovía el Ivace. Aido que formaba parte del denominado sistema de innovación valenciano, en los últimos años se había visto afectado por el recorte de subvenciones públicas y la crisis.

A principios de junio, medios locales informaban que el fraude relativo a las subvenciones públicas de esta entidad privada financiada con fondos públicos podría ascender al millón de euros y que fruto de la denuncia de Ivace, la policía registraba las instalaciones de Paterna y terminaba llevándose detenido a Emilio Pérez su director. El mismo declaraba ante el juez el 5 de junio.

La investigación buscaba conocer si las cantidades aportadas al centro con cargo a Fondos Feder, FSE y de la Generalitat durante el periodo comprendido entre 2005 y 2014 (29 millones de euros en fondos europeos, además de otros cuatro millones de la Generalitat Valenciana -hasta 2008) respondieron realmente a los importes que el centro empleó para llevar a cabo las labores de I+D+i que se subvencionaban.

A mediados de junio las mismas fuentes locales informaban que el presidente del consejo rector de AIDO, Rafael Ros, guardaba silencio ante la fiscalía del caso al igual que lo hacían otros 13 citados. Los técnicos estaban imputados por supuestamente diseñar un sistema para poder justificar los fondos recibidos para los proyectos europeos, mediante falsificación de partes de trabajo y horas dedicadas a ellos. El dinero público habría sido utilizado para subvencionar a empresas privadas ¨subcontratadas¨ y a hinchar los sueldos de los directivos de un organigrama de alta dirección desproporcionado respecto al tamaño de la empresa.

ERE para la totalidad de empleados

Ahora AIDO se enfrenta a su cierre definitivo con un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a la totalidad de sus empleados, 55 personas según fuentes locales. Ello es consecuencia del bloqueo de cuentas de la entidad y una deuda con la seguridad social y con sus empleados (cuatro nóminas según fuentes del comité de empresa).

Una declaración de concurso de acreedores y la venta del equipamiento de alta tecnologia del centro podría ser la única via que permitiera la continuidad de AIDO y alguno de sus empleados, pero queda por ver a cuanto asciende toda esta costposa tecnologia y quien lo compra.

AIDO es una asociación industrial privada sin ánimo de lucro formada por empresas que sí lo tienen y en cuyo consejo rector hay vocales del IVACE y de la Conselleria de Industria.