La Diputación de Castellón ha decidido ampliar el alcance de su programa de mejora del alumbrado público para incluir a municipios de hasta 1.000 habitantes, tras haber completado las actuaciones en todas las localidades adheridas de menos de 500 habitantes. La modificación del reglamento, aprobada por unanimidad, permite extender un modelo de intervención ya probado a un nuevo grupo de municipios, incorporando potencialmente a 21 localidades adicionales.
La iniciativa se enmarca dentro del Plan Diputació Resol y mantiene una línea de trabajo centrada en la reducción del consumo energético municipal mediante la modernización de las instalaciones de alumbrado. El alumbrado público representa uno de los principales gastos eléctricos de los ayuntamientos, especialmente en entornos con recursos limitados, por lo que este tipo de actuaciones son una herramienta directa para mejorar la eficiencia operativa de los municipios.
Alcance técnico del programa
El programa se basa en dos líneas de intervención principales: la sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED y la adecuación de los cuadros de mando de las instalaciones. La renovación de los puntos de luz permite reducir la potencia instalada y mejorar la eficacia del sistema, mientras que la actualización de los cuadros eléctricos facilita una gestión más precisa del encendido, apagado y regulación del alumbrado.
Hasta la fecha, la Diputación ha invertido 1,2 millones de euros en actuaciones que han alcanzado a 22 municipios. En 2024, con un presupuesto de 682.000 euros, se intervino en 13 localidades mediante la sustitución de luminarias y la mejora de los sistemas de control. En 2025, con una inversión de 542.000 euros, el programa se extendió a otros nueve municipios, donde las actuaciones siguen en ejecución.
Con esta segunda fase se ha completado la cobertura de los municipios de menos de 500 habitantes adheridos al reglamento, lo que ha permitido ahora ampliar el umbral poblacional. La incorporación de municipios de hasta 1.000 habitantes supone trabajar con redes de alumbrado más extensas y heterogéneas, donde la optimización energética no depende únicamente del cambio de luminarias, sino también de una adecuada configuración de los sistemas eléctricos y de control.
Desde un punto de vista técnico, este tipo de intervenciones permite reducir el consumo energético del alumbrado público —con estimaciones que pueden situarse en torno al 30% en función del estado previo de las instalaciones—, al tiempo que se mejora la uniformidad lumínica, se reduce el mantenimiento y se actualizan infraestructuras que, en muchos casos, presentan un elevado grado de obsolescencia.
Desde la diputación, creen que la ampliación del programa refuerza así un modelo de gestión supramunicipal que facilita el acceso a soluciones más eficientes en localidades con menor capacidad técnica y económica, y que previsiblemente evolucionará hacia sistemas de alumbrado más conectados y gestionables en los próximos años.
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