La  II Cumbre de Morosidad celebrada el pasado 7 de noviembre de 2013 por la  Plataforma Multisectorial contra la Morosidad PMcM –, a la que han asistido casi 300 organizaciones públicas, empresariales, autónomos y directivos ha permitido llegar a un consenso alentador en materia de morosidad.

La morosidad causó el cierre de un tercio de las empresas

Importantes personalidades del ámbito político como el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, D. Cristóbal Montoro, el Director General del Área de Industria, D. Daniel Calleja y el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, D. Antonio Beteta, así como, los responsables de Economía de los grupos parlamentarios y varios expertos en morosidad en diferentes ámbitos debatieron sobre un tema tan sensible y que resta competitividad a nuestra economía. Según datos de la PMcM, de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, un tercio ha tenido que cerrar por esta causa.

Pacto político- empresarial

En una serie de intervenciones, D. Francesc Acín, Presidente de AFME y Vicepresidente de la PMcM, analizó la situación de la morosidad en España en la ponencia “El marco económico y empresarial”. Por otra parte, en la ponencia “Análisis del marco jurídico español y europeo” moderada por  D. Andrés Carasso Vendrell, Secretario General – Gerente de AFME y Tesorero de PMcM, se ha alcanzado un gran pacto político – empresarial para a través de una correcta aplicación de la ley reducir los plazos de pago en España y acercarlos a los de los otros países europeos:

• D. Cristóbal Montoro se ha comprometido a que a final de año las administraciones públicas españolas dejarán de ser morosas.
• La Comisión Europea ha emplazado a la PMcM a una reunión en enero de 2014 para analizar la problemática de la morosidad en nuestro país y buscar soluciones efectivas.
• La PMcM insta a establecer un régimen sancionador, con multas de hasta 900.000 euros, y reivindica la creación del Observatorio contra la Morosidad.
• A propuesta de Convergencia i Unió (CIU) y con el respaldo de los  grupos parlamentarios, en el plazo de dos a tres meses se realizará una propuesta de ley para iniciar el trámite parlamentario del régimen sancionador.