El pleno del ayuntamiento de Santa Marta en Salamanca acaba de  aprobar con votos del PP el pliego de condiciones para sacar a concurso el suministro eléctrico y el alumbrado público de la localidad, a ser adjudicado a una única empresa por una duración de 15 años y un precio de 700.000 euros/año, totalizando 10,1 millones en el periodo.

SSe trata de uno de los concursos de mayor importancia en Santa Marta  (el segundo en cuantía tras el de abastecimiento de agua y el primero en duración) y el hecho de que se hayan tramitado los pliegos en poco más de diez días para conseguir su adjudicación casi inmediata que se estima sea a lo largo de agosto ha levantado críticas desde la oposición. En concreto, estos grupos políticos dudan en primer lugar de los ahorros y de que el coste sea asumible mediante la contratación de una única  empresa y por otra parte tachan de excesivamente prolongado el plazo del contrato.

Sin embargo ya se ha aprobado el pliego de condiciones tras una tramitación que no va en consonancia con la importancia de este concurso, ya que por ejemplo la oposición ha lamentado que no fuera hasta finales de mayo cuando el asunto llegara por primera vez a los órganos municipales mientras que la primera vista del pliego en comisión se produjo el pasado día 4 de junio, para solo cinco días después, ser sometido a aprobación. Según el concejal de UPyD esta misma semana seguían llegando modificaciones y en lugar de acceder a la petición de  toda la oposición que pidió un mes de plazo para tratar el asunto, se ha denegado dicha petición y encima ha sido el tema central de un pleno que se ha adelantado una semana.  

En las condiciones actuales, en menos de dos meses se iniciaría el concurso, lo que podría implicar que se lleve a comisión de contratación y a adjudicación en la segunda quincena de agosto, una fecha poco habitual tanto por el tipo de servicio de que se trata como por su duración y cuantía y que además para un municipio cuyo presupuesto anual esta alrededor de los 9 millones de euros, es algo extraordinario.

Aunque desde el  PP están convencidos del ahorro económico de esta fórmula y justifican que  el plazo de 15 años posibilitará que la empresa adjudicataria asuma  y recupere las inversiones necesarias, la oposición  acusa al PP de querer sacar adelante el proceso con una prisa inexplicable, de hipotecar la gestión de los equipos de Gobierno de los próximos 15 años y de que esta fórmula no sea la más adecuada para Santa Marta.