El departamento de Empresa y Conocimiento ha iniciado la tramitación de la Ley de la Transición Energética de Cataluña y de transformación del Instituto Catalán de Energía (ICAEN) en la Agencia Catalana de Energía, mediante la apertura del proceso de consulta pública previa.
El departamento ha publicado en la web toda la documentación, y la ha remitido a las cerca de 140 entidades y agentes sociales que forman parte de la Mesa del Pacto Nacional para la Transición Energética, a los partidos políticos ya los miembros del Consejo Asesor de el Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Todos los ciudadanos y las entidades que lo deseen ya pueden hacer sus aportaciones para recibir el máximo número de ideas y propuestas para empezar a trabajar en la redacción del anteproyecto de Ley. La norma establecerá los principios legislativos de la política energética catalana a largo plazo, con la voluntad de alcanzar un modelo energético totalmente basado en las energías renovables en el año 2050.
El objetivo de esta consulta pública es generar un proceso participativo y abierto, que permita captar y reflejar la opinión de la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático, y que culmine con la aportación tanto de ideas y propuestas generales como de acciones y medidas concretas. Así, el borrador propuesto es sólo un punto de partida que debe contribuir a centrar el debate, y en las posteriores fases de la tramitación de la norma, se analizará la viabilidad de todas las aportaciones que se reciban, y se buscará la forma adecuada de articularlas dentro del texto definitivo.
La nueva ley pretende definir y dotar de estabilidad la política energética del país, dando cobertura legal a las acciones y medidas que deben permitir descarbonizar la economía y la sociedad catalanas y, al mismo tiempo, garantizar la calidad del suministro energético. Por ello, el borrador que se somete a consulta pública previa identifica 6 ejes estratégicos de actuación:
- Garantizar el abastecimiento energético de Cataluña y su calidad y fiabilidad
- Garantizar el derecho fundamental de acceso a la energía y la defensa de los derechos de los consumidores
- Alcanzar el máximo nivel de ahorro y eficiencia energética
- Democratizar la energía
- Maximizar el uso de las fuentes de energía renovables, fundamentalmente las autóctonas
- Fomentar la investigación y la innovación energéticas
Estos ejes se desarrollan mediante 20 estrategias, que van desde el empoderamiento del ciudadano hasta la electrificación de la demanda, pasando por la digitalización de las redes, la promoción de la economía circular o la lucha contra la pobreza energética. El conjunto de estas estrategias han de convertir Cataluña en una economía y una sociedad de baja intensidad en el consumo de recursos materiales, baja intensidad energética y neutralidad carbónica, y por lo tanto hacer posible el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley del Cambio Climático y la descarbonización de la economía en el año 2050.
Una agencia para ejercer la gobernanza del cambio de modelo energético
Para gestionar todas estas actuaciones, la ley prevé la transformación del Instituto Catalán de Energía (ICAEN) en la Agencia Catalana de Energía, con el objetivo de disponer de las herramientas y capacidades necesarias para ejercer la gobernanza, control y coordinación de todas las políticas del Gobierno relacionadas con la energía. La Agencia tendrá competencias plenas en los ámbitos clave asociados a la transición energética, como la movilidad eléctrica, el autoconsumo o las energías renovables, y además también deberá asumir las labores de acompañamiento de los diferentes sectores de actividad en el su camino hacia la descarbonización y de facilitación de la participación ciudadana en la configuración del nuevo modelo.
La nueva Ley de la Transición Energética inserta en el conjunto de actuaciones que el Gobierno está llevando a cabo para hacer frente al cambio climático. Así, después de la declaración de la emergencia climática el pasado mes de mayo, el Gobierno ha impulsado medidas como la aprobación de un decreto-ley de medidas urgentes para el cambio climático -ya convalidado por el Parlamento de Cataluña- y la impulso a las energías renovables, que facilita la instalación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en el territorio y fomenta la autoproducción, y ha puesto en marcha líneas de ayudas para la movilidad eléctrica y para el ahorro y la eficiencia energética en la industria dotadas con 58 millones de euros, entre otros.
