El Ayuntamiento de Valencia, lo intenta de nuevo y publica nueva licitación para cubrir el mantenimiento de la instalación del alumbrado público de su ciudad. El valor estimado del contrato alcanza los 18.360.000 euros y aparece publicado el 15 de mayo en el DOUE y el 18 de mayo en el perfil del contratante dando de plazo hasta el próximo 15 de junio para presentación de ofertas.
El equipo de gobierno del ayuntamiento de Valencia ha publicado en el perfil del contratante el pasado 18 de mayo su tercer intento de sacar adelante su contrato de mantenimiento de las instalaciones del alumbrado público de la ciudad. La licitación tiene un presupuesto de base de 13.600.000 millones de euros con una estimación del valor del contrato por 18.360.000 euros y las empresas tienen de plazo hasta el próximo 15 de junio.
No le esta siendo nada fácil a Valencia licitar su contrato de mantenimiento teniendo en cuenta que el primer intento se remonta al 4 de marzo del 2019. Intento truncado por los recursos de la mercantil Mantenimiento de Alta Tensión, S.A., presentó en el registro electrónico del Ministerio de Hacienda, recurso especial en materia de contratación pública contra los referidos pliegos, por considerar que algunas de sus cláusulas resultan contrarias a derecho, de varias de las cláusulas de los pliegos, en especial de dos apartados del Cuadro de Características anexo I del IPCAP y por otra parte, el recurso de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS (ANESE) presentó en el registro electrónico del Ministerio de Hacienda, la formalización de un recurso especial en materia de contratación pública contra los referidos pliegos, por considerar que con respecto a las condiciones de subrogación de los derechos del personal que ya realiza trabajos de mantenimiento, 58 en total, no se cumplía con todos los requisitos que fija la normativa de contratos. El 27 de junio el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelve ambos recursos y da la razón parcialmente al recurso de la empresa y con respecto a ANESE estima el recurso en su totalidad.
El 6 de marzo de este año, el Ayuntamiento aprueba la licitación del nuevo contrato de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público municipal. El presupuesto global de 16.456.000 euros, IVA incluido, y dividido en dos lotes (zonas norte y sur).
El segundo intento de concurso para el alumbrado público de la ciudad vuelve a caer en manos del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tras el recurso presentado por los sindicatos CCOO y UGT que alegan que este nuevo concurso no incluya la cláusula de subrogación y que el pliego de condiciones no es el instrumento idóneo para establecer la obligación de subrogar a los trabajadores, en la línea de lo que argumentaba el Tribunal Administrativo, y por lo tanto el Ayuntamiento debe de acogerse a la Ley valenciana para el Fomento de la Responsabilidad Social, donde se dice que las administraciones públicas incluirán cláusulas para obligar a la contrata a subrogar al personal. El 24 de abril el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelve la concesión de la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de contratación.
El 30 abril la suerte está de parte del ayuntamiento porque el TACRC finalmente inadmite el recurso presentado por los sindicatos CCOO y UGT por carecer de actuación material susceptible de recurso especial en materia de contratación administrativa y levanta la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP.
El Tribunal Administrativo relata en sus fundamentos de derecho que reconoce la legitimación corporativa de los sindicatos para sostener las pretensiones de nulidad de los pliegos si efectivamente sus «derechos o intereses legítimos se hubieran visto perjudicados o pudieran resultar afectados por las decisiones objeto de recurso». Y así la reconoce en el punto to «…la aplicación de la anterior doctrina al caso controvertido nos lleva a reconocer al sindicato recurrente interés legítimo en la impugnación de la licitación que se encuentra en el origen de este recurso contencioso-administrativo».
Pues bien, el Tribunal continúa y en el punto to dice que «expuestas las posiciones de las partes, prima facie el Tribunal ha de tener en consideración si la actuación impugnable goza de eficacia jurídica y, por ende, produce todos sus efectos en Derecho» y reconoce que en este sentido, el Tribunal ha de traer a colación un hecho impeditivo que obstaculiza la función revisoría de este Tribunal, «cual es que, con fecha de 24 de marzo de 2020, el órgano de contratación ha anulado tanto el anuncio de licitación como los pliegos, y así se ha enviado a anuncio al DOUE como se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El 27 de marzo de 2020 la Plataforma publica que tanto el anuncio de licitación como los pliegos han sido anulados; por lo que el presente recurso carece de actuación administrativa susceptible de impugnación ex artículo 44 de la LCSP, lo cual nos ha de conducir necesariamente a la inadmisión del recurso especial».
En cuanto, a la alegación sobre la procedencia o improcedencia de la subrogación, el Tribunal dice «dado que se trata de un tema sub-iudice pendiente del fallo que en su día dicte el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tampoco procede entrar en su análisis, más allá de remitirnos a las consideraciones jurídicas expresadas en la anterior Resolución nº 695/2020, de 27 de junio, pues en definitiva en este recurso, se esgrime el mismo argumento que el ya fallado en la reiterada resolución de este Tribunal».
Veremos en que queda este nuevo intento de licitar el mantenimiento del alumbrado público de Valencia con el acuerdo del ayuntamiento del 15 de mayo en el que resuelve » proceder al envío de un nuevo anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea, a fin de otorgar a las licitadoras un plazo de treinta días naturales para la presentación de proposiciones» fundamentándolo en el levantamiento de la suspensión de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Suspensión realizada a tenor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
También en el mismo acuerdo, rectifica el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2020, por el que se acordó contratar el ‘Servicio de mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de València’, en el sentido de entender que el apartado Tercero de su parte dispositiva se refiere a los pliegos de prescripciones técnicas de fecha 14 de mayo de 2020 incorporados al expediente de contratación, previsión que debe incluir igualmente el nuevo Anexo C denominado ‘Cuadro de precios de los materiales y características de las mejoras’ que se incorpora en sustitución del anterior Anexo C denominado ‘Cuadro de precios de los materiales’, permaneciendo el resto del acuerdo en sus propios términos.
Esta nueva licitación del alumbrado público de Valencia, por cierto, tampoco incluye la clausula de subrogación de trabajadores.
La renovación del alumbrado público continua
El ayuntamiento por otra parte, ya ha ejecutado tres cuartas partes de los últimos proyectos de los presupuestos participativos para renovar el alumbrado público. La concejala de Gestión de Recursos del Ayuntamiento de Valencia, Luisa Notario, ha dado cuenta el pasado 20 de mayo, del estado de las intervenciones vinculados a dos proyectos aprobados por la ciudadanía en el marco del proceso participativo DecidimVLC para mejorar el alumbrado público con su renovación en varios puntos de la ciudad. Tres cuartas partes de las actuaciones ya han finalizado.
Patraix, Malilla, Campanar, la Saïdia, Camins al Grau, Algirós, Benimaclet, Benicalap, Rascanya, l’Olivereta y diversas paradas del tranvía así como el jardín del Turia son los enclaves protagonistas de estas actuaciones que, divididas en seis lotes y con un presupuesto global de 1.470.009 euros, permitirán mejorar el alumbrado público con un ahorro energético medio del 70 % -llegando en algún caso a superar el 80 %-. Se prevé, de hecho, una reducción anual de energía de 1.382.170,47 kW/h; en términos económicos, el ahorro se sitúa en cerca de los 200.000 euros en el año.
