Alemania apuesta por regular y controlar más las inversiones provenientes de fuera de la UE en sectores críticos y la transferencia de tecnologías sensibles desarrolladas con fondos públicos. Las autoridades ya intensificaron a mediados de 2017 el escrutinio sobre las adquisiciones.

El ICEX en su revista «El Exportador» se ha hecho eco de una interesante noticia del diario online The Local, en la que informa que el Ejecutivo de Angela Merkel planea realizar un cambio normativo para actualizar el marco legal sobre comercio exterior y permitir que la Administración pueda revisar y bloquear las compras realizadas por firmas extracomunitarias de participaciones en empresas locales de hasta el 10% de la propiedad, frente al límite del 25% actual.

Esta medida se aplicaría a las compañías “relevantes para la seguridad” que son fundamentales para la defensa del país, así como al sector de la infraestructura crítica, e incluye a muchas empresas tecnológicas y de energía, pero también a grandes productores agroalimentarios.

Tanto Alemania como otros estados miembros de la UE han mostrado una creciente preocupación durante los últimos años por el incremento de las compras y tomas de control por parte de varias empresas chinas de firmas tecnológicas y de instalaciones sensibles.

De hecho, las autoridades alemanas intensificaron a mediados de 2017 el escrutinio sobre las adquisiciones de compañías estratégicas por parte de sociedades no procedentes de la UE, al alargar el plazo para que se realicen las oportunas revisiones e incluir una gama más amplia de sectores en los que llevar a cabo ese estudio.

El Gobierno alemán no puso objeciones en febrero de este año cuando el multimillonario chino Li Shufu se hizo con una participación cercana al 10% en Daimler, la empresa matriz de Mercedes-Benz. Pero sí actuó, alegando motivos de seguridad nacional, cuando adquirió una participación minoritaria en la firma de transmisión de electricidad 50Hertz para impedir que un grupo de inversores chinos comprara la compañía.

En este sentido, la publicación del documento no vinculante ‘Estrategia Industrial 2030’ de finales de noviembre señala claramente la intención del Gobierno por expandir el marco legal existente al agregar nuevas normativas para las transferencias de tecnología, si la empresa que la desarrolló ha recibido subsidios públicos, e implementar un nuevo marco sobre inversiones que amplía la capacidad de bloquear las mismas por “razones de orden público y seguridad”.