La unión temporal de empresas (UTE) formada por OHL, Ingesán y Fermasa se hará con el contrato del alumbrado público de la ciudad, fijado en 20.789.012 euros para los próximos 10 años y que se reactiva después de que estuviera parado en los dos últimos meses y medio por una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL).
Si no surgen más problemas, el ayuntamiento espera que antes de final de año puedan comenzar los trabajos de renovación de las infraestructuras del alumbrado público. La empresa tendrá que renovar 20.014 puntos de luz, 1.519 columnas y 150 centros de mando, como consta en los pliegos de condiciones, que reseñan además la obligación de instalar la telegestión en los 210 cuadros de control y la reposición del cable que ha sido robado.
Un histórico de problemas
Atrás quedan los primeros trabajos en el 2012 (¡se dice pronto!) cuando se realizó la primera auditoria por parte del EREN. Se han tenido que lidiar varios frentes, desde la oposición política de IU que esgrimía de nuevo la palabra “privatización” para intentar echar por tierra los planes del ayuntamiento y que ponía encima de la mesa una propuesta singular (y ridícula): “paciencia para modernizar y ahorrar en las instalaciones del alumbrado público”. En fin, discursos del siglo XIX, que aunque en algunos municipios que ostentan la alcaldía como el de El Ferrol, ha ganado la insensatez, la mayoría de los municipios, como el de León se suman a este modelo de proyectos y gestión donde las ESEs ayudan a los municipios a lograr una optimización en el uso energético, ocupándose de incorporar las mejores tecnologías energéticas, garantizando ahorros, ligándolo a la reducción de emisiones contaminantes y ayudando a la industria a adaptarse a los nuevos conceptos de conectividad, añadiendo también las últimas tecnologías de la información para el control de las instalaciones del alumbrado público.
Luego vino el capítulo polémico de Somacyl y si su gestión tenía encaje legal en la actual normativa ya que vulneraría la ley de contratos y la libre concurrencia que debe primar en las adjudicaciones de las administraciones públicas. Ciudadanos acabó retirando el apoyo al Equipo de Gobierno de Antonio Silván (PP) para la adjudicación de las obras a la empresa pública de la Junta y finalmente el Consejo Consultivo de Castilla y León, al que se le pidió que se pronunciara al respecto, cuestionó negativamente la entrada de la entidad pública en la gestión del alumbrado público de la ciudad. Vía libre para el concurso público, como ya anunciamos en enero del 2017. El 22 de julio del 2017 por fin se publicaba en el BOE el anuncio de licitación.
Y con el anuncio de licitación vinieron los recursos y las dos paralizaciones en el Consejo Consultivo, que obligaron primero a variar la catalogación de las empresas que podían participar y ahora retrotraer la adjudicación, así como la denuncia presentada Podemos y un particular leonés ante la Fiscalía por irregularidades y que fue archivada tras desmontar las acusaciones que se apuntaban en los escritos. Ahora, la propuesta, aprobada por la mesa de contratación y que ahora debe ratificar la junta de gobierno del próximo viernes, da respuesta al requerimiento del TARCYL, emitido tras el recurso presentado por Ferrovial. El órgano dependiente del Consejo Consultivo obligó al Ayuntamiento de la León a retrotraer el procedimiento al momento de la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. El objetivo era que el consistorio emitiera «un informe razonado de las proposiciones» en el que se motivasen «suficientemente las puntuaciones otorgadas a cada oferta» y se razonase «de manera clara la diferencia de puntuación entre ellas».
El criterio del jefe de los servicios eléctricos municipales no ha variado, aunque haya bajado la valoración de la oferta técnica de Ferrovial en 24 puntos, en lugar de los 23,5 de la vez anterior. No alcanza para salvar la distancia con OHL, Ingesán y Fermasa, que lograron en este apartado una puntuación de 28,5 puntos para lograr la adjudicación. La diferencia quedó en 96,44 para la ganadora y 93,94 para la recurrente, a pesar de que su oferta económica era más cara: 20.789.012,3 euros frente a 20.286.22,23 euros.
¿Tendrá que actuar de nuevo el TARCYL?
La readjudicación del contrato del alumbrado público puede volver a encontrarse con otro problema de ralentización si Ferrovial decide acudir de nuevo al TARCYL. El órgano dependiente del Consejo Consultivo ya avisó en su anterior resolución que una vez que se hubiera hecho el informe requerido, la empresa podría volver a interponer recurso. La apostilla entra en otro de los aspectos que había advertido la recurrente: la reclamación sobre la confidencialidad de parte de la documentación, solicitada tanto por su parte como por la UTE que resultó ganadora del concurso.
Esta característica abarca a cerca del 90% del total de la oferta. Pese a que las empresas tienen derecho a esta confidencialidad para poder preservar sus «intereses comerciales», con la única entrada de los técnicos que valoran las ofertas, no pueden «abarcar la práctica totalidad de la oferta técnica» sin que «se motive mínimamente por qué tiene tal carácter», como advirtió el TARCYL en su resolución del mes de julio. No se ha dado por el momento esta motivación que se pedía y que, por cuarta vez, podría hacer que el contrato llegara muy justo a final de mandato.
