Miranda del Ebro opta por el modelo de Gestión integral para su alumbrado público.
Después de mucha polémica que se arrastra desde el verano del 2013, finalmente el Ayuntamiento de Miranda del Ebro, reactiva el proceso para adjudicar a una empresa de servicios energéticos la gestión integral del alumbrado público.
El pasado día 30 de Octubre concluyó el plazo para que los 5 candidatos que en su día presentaron las ofertas se ratificaran en las mismas, después de un largo y problemático proceso del que SmartLIGHTING les informó sobre las propuestas. La UTE Clece-Electricidad Pascual de Diego; Gas Natural e Iberdrola –esta última agrupada con Elecnor Infraestructura–, la Unión Temporal de Empresas que conforman el área de servicios de Ferrovial y Ferroser Infraestructuras; y la también UTE integrada por Sociedad Española de Construcciones Eléctricas y Tecuni. Es el listado de las cinco candidatas que salvo sorpresas vuelven a competir.
Miranda del Ebro ha sido uno de los muchos municipios, como Córdoba, Alcobendas, Ronda, Paterna, Saltillo. Torreón, etc., que inicia un concurso de adjudicación de la gestión integral de su alumbrado público y acaba en polémica.
En Miranda concretamente la controversia viene generada desde el último tramo de la anterior legislatura hasta el punto de ser causa de un movimiento de repliegue con escasos precedentes en los doce años de gobierno del anterior alcalde. Fernando Campo, que inició el proceso concursal en Septiembre del 2013 con el anuncio de la licitación en el BOE y que en vísperas de las elecciones municipales y tras varios enfrentamientos en plenos de su grupo político con la plataforma Mirand@ Por lo Público, integrada y dinamizada por IU y Ganemos Miranda, optó por dejar sin efecto la adjudicación de la gestión del alumbrado.
Ahora con la reactivación del concurso solo podían optar las cinco candidatas que previamente participaron en un proceso de intercambio de información y que ya habían formalizado su participación en la ‘carrera’ por hacerse con el contrato. Esto implica la regeneración de todo el procedimiento que, hasta el momento de la adjudicación definitiva, se dilatará presumiblemente entre dos y tres meses. Dicho de otro modo, será a partir de la primera quincena del próximo año cuando se tome en consideración la nueva fórmula. Los objetivos del Ayuntamiento son los de conseguir con este contrato unos ahorros cercanos a los 200.000 € (nada más y nada menos) sobre un gasto medio de 1,7 millones de euros. Los datos municipales aportados son de 4,2 gigavatios por hora como consumo anual estimado de electricidad por el alumbrado público, 7.200 puntos de luz registrados y 155 cuadros de control.
La recién alcaldesa socialista, Aitana Hernando ha dicho, con respecto a la reactivación del proceso concursal, que la legitimación es mucho mayor ahora (con un concejal más) para aplicar la fórmula de una privatización «bajo control público» en el tema del alumbrado, además que figuró en el programa electoral de los socialistas y la hoy alcaldesa, incidió toda la campaña en las bondades de la fórmula, «No es una privatización porque los trabajadores seguirán siendo trabajadores públicos. Va en el programa porque estamos convencidos de que será bueno para la ciudad. El ahorro que obtengamos con esta fórmula se destinará a más planes de empleo. Ese es mi compromiso», aseguró en una entrevista concedida al periódico EL CORREO.
Hoy la actual regidora tiene mayor seguridad, para sacar el proyecto adelante. El equilibrio de fuerzas en la Corporación se mantiene en lo que se refiere a las dos formaciones políticas mayoritarias –el PSOE siempre contó con el respaldo de los populares y, de hecho, criticó con dureza que el anterior alcalde diese marcha atrás–. IU, en la plataforma Mirand@ Por lo Público, lo ha rechazado de forma reiterada y el mismo discurso se ha mantenido desde Ganemos Miranda.
En fin ya veremos como acaba. La cuestión es que, como decía al principio del artículo prácticamente no hay concurso, hoy donde no surjan enfrentamientos políticos sobre si se debe entregar la gestión del alumbrado público a una empresa de servicios energéticos o seguir gestionándola con los, por general escasos recursos del ayuntamiento. Una polémica que se centra de manera “torticera” principalmente en público o privado, en la palabra maldita “privatización”, cuando debería centrarse principalmente en los aspectos favorables desde un punto de vista técnico, económico y de servicio eficiente al ciudadano, además de ser rigurosos y precisos, y cuanto menos no adulterar la realidad jurídico-legal de lo que supone la concesión de este servicio.
La privatización que es el traspaso de la gestión y/o de la propiedad parcial o total de un bien público al sector privado con el objetivo primordial de mejorar la asignación de recursos, no es de ahora, sino de hace varios lustros que los ayuntamientos acuden a empresas para gestionar, por concesión, servicios públicos básicos, como la basura, el suministro de agua, transporte, etc. Además desde un punto de vista funcional y estratégico, con la privatización se intenta lograr que se actúe fuera de la influencia de los procedimientos públicos, de la burocracia, de la Administración y de la tutela del presupuesto. Definido de esta forma, el término privatización no sólo supone en la práctica traspasar a la economía privada parte del patrimonio público (mediante la enajenación de activos o empresas), sino que también se le otorga al sector privado la capacidad de convertirse en oferente o proveedor de ciertos servicios públicos.
La cuestión está en, ¿cómo se han de prestar esos servicios públicos? En este punto es en el que la controversia se muestra en toda su crudeza. Una buena parte de la sociedad, de una manera que se me antoja obviamente errónea y manipulada por ciertas corrientes políticas, identifica prestación de servicios públicos con la forma de prestación directa de los mismos por la administración.
Hay que recordarles algo tan obvio y es que la prestación de servicios públicos se puede llevar a cabo mediante forma directa o indirecta. En el caso de los servicios públicos locales, el artículo 85 de la Ley de Bases establece que los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante gestión directa: por la propia entidad local, mediante organismo autónomo local, a través de entidad pública empresarial local o por medio de una sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. O bien se pueden prestar mediante gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público, en estos momentos el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Recuerda las tradicionales formas de prestación indirecta de servicios: concesión, gestión interesada, concierto o sociedad de economía mixta.
La cuestión es que tanto se preste de una forma directa como indirecta, el servicio público sigue siendo público. Por eso, se ruega a todos estos demagogos, que cuando hablen de “privatización” de los servicios públicos deberían ser, cuanto menos, un poco más precisos. Lo que hay que habría que discutir, en todo caso, es si sólo a través de una forma de gestión directa se pueden gestionar de una forma razonable o bien es admisible que se preste mediante formas indirectas.
Nadie discute que las líneas urbanas o interurbanas de transporte de viajeros se hagan de forma indirecta mediante concesión, se ve algo natural.
Por otro lado, uno de los principales “devoradores” de energía eléctrica es la Administración Pública., debido al gran número de instalaciones: colegios, hospitales, alumbrado público, etc….Lo cierto es que, con respecto al alumbrado público tenemos unas instalaciones en España, diría yo “cancerígenas”. Según el IDAE en el estudio presentado en la primavera del 2014 tenemos 8 millones de puntos de luz con un consumo de 5, 3 Tw/hora repartidos entre los más de 8.000 municipios españoles. El gasto cifrado en diferentes estudios como el citado del IDAE y que son coincidentes, es de más de un 60% del consumo final de energía, siendo una de las principales partidas presupuestarias existentes. El contexto actual del mercado español es catastrófico, como ven. Tenemos por una lado un precio creciente de la Energía (términos de Potencia /energía), una situación financiera actual en los Ayuntamientos, todavía crítica, con un endeudamiento en algunos casos endémico.
Con respecto al estado actual de las instalaciones de alumbrado público tenemos un verdadero problema con el flujo luminoso excesivo. Hace unos días, por ejemplo EL PAIS publicaba que actualmente la vía láctea es solo visible a 85 km de Madrid. De los 6.000 astros que se deberían ver en la ciudad, solo se pueden contemplar 40. El otro día nuestro buen amigo Miguel Ángel Rodriguez Lorite de Intervento, hablando precisamente de esta noticia, nos recordaba el eslogan de Madrid. Se acuerdan…”de Madrid al cielo”…Una contaminación lumínica de verdadera denuncia.
Tenemos instalaciones con tecnologías anticuadas y costosas (aproximadamente un 10% todavía, son de las prohibidas lámparas de vapor mercurio) , con gran consumo energético no solo por ser obsoletas y muy contaminantes y tener al alcance mejores tecnologías y más eficientes sino por estar las ciudades “sobre iluminadas”. Y seguramente mucha gente se queje de “apagones en las calles” y efectivamente con las crisis muchos ayuntamientos optaron por el ahorro total, haciendo suyo aquello de que el mejor ahorro de dinero es el que no se gasta. Y que me dicen de otra acción llevada a cabo por la Administración para el ahorro a las arcas públicas, el denominado “apagón vial” del que ANFALUM viene denunciando sobre las consecuencias para la seguridad vial de esos apagones, en vez de actuar en la regulación de las instalaciones. Los sistemas de regulación y control, en general, brillan por su ausencia.
En el contexto, aún, de crisis actual, el desarrollo de proyectos de eficiencia energética (auditorias del alumbrado público más la posterior implementación de las medidas detectadas) para reducir el gasto energético, disminuir los costes de mantenimiento y por tanto liberar recursos económicos para otras necesidades, es fundamental, sin olvidar que el control en el tiempo de dichos ahorros garantiza la consecución de los objetivos. Se concluye, que con la implementación de medidas tecnologías actuales, el ahorro medio se situaría en el 65%, con un coste medio de la inversión total que rondaría los 331 €/PL, y que el plazo más común de contratación con ESES oscila entre los 10 y los 15 años.
Desde hace más de un lustro, las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), que son organizaciones con alto valor tecnológico y que proporcionan servicios energéticos en las instalaciones, en resumidas cuentas están asumiendo la renovación de los puntos de luz en las calles y plazas con nuevas tenologías más eficientes que permiten el control telemático, el mantenimiento y reducción de la factura, basicamente a cambio de una tarifa plana que les paga el ayuntamiento y que se libra así de los imprevistos mientras que dura el contrato.
Pues bien con todo lo que está lloviendo y en el contexto descrito, resulta que todavía hay políticos o mejor dicho personajes de dudoso intelecto y digamos, preparación para gobernar los designios de la gente, que no lo ve. He estado visionando todo el fin de semana videos colgados en diferentes plataformas, que recogen distintos momentos de plenos en ayuntamientos, algunos bastante abroncados y bochornosos, donde diferentes “lumbreras” se les llena la boca a la hora de hablar del tema de la concesión de la gestión del alumbrado público, como digo yo, se les llena del efecto “mantra”, y de sus bocas salen palabras como “democracia”, “defensa de lo público”, “participación pública” o “consulta pública”. Miren hay que saber lo que se pregunta, a quien se le pregunta y sobre qué cosa. Y sobre todo no mentir ni manipular. Y algo tan complicado, para la gente “de a pie” desde un punto de vista técnico, jurídico, financiero, que no entiende ni siquiera el recibo de la luz de su casa, va a ser difícil que tomen una decisión correcta sobre la sustitución tecnológica de su alumbrado público y sobre la intervención en la gestión de una empresa de ingeniera/mantenedora que en definitiva va a invertir para la sustitución y actualización de la mejor tecnología, el mejor mantenimiento y la consecución de los mayores ahorros, entre otras cuestiones porque de ello depende su beneficio.
Pero efectivamente en esta actualidad de la gestión de lo público o de políticas populistas que quieren que “papa Estado” nos venga a salvar de todo, aunque sea ruinoso, como se ha demostrado en el caso del alumbrado público, es en la que se pide que dejen trabajar a quien sabe.
Los técnicos municipales están sobradamente preparados y tienen suficientes herramientas, para poder asesorar a los distintos responsables de la gestión pública para que tomen sus decisiones, apoyados por el asesoramiento de nuestras mejores empresas: fabricantes de iluminación, empresas instaladoras, ingenierías, empresas de servicios energéticos, mantenedoras, asociaciones, clusters energéticos, la propia administración y un sinfín de rico tejido sectorial e industrial. El CEI junto con el IDAE ha elaborado un nuevo pliego de condiciones para la contratación de ESES que en palabras de su presidente, D. Fernando Ibáñez “se ha querido hacer un pliego a favor del usuario, de los dueños del 95 % del alumbrado público, que en definitiva son los ayuntamientos” .Tenemos muchas fortalezas para esta transición de un mercado de “provisión o suministro” de iluminación a un mercado en el que se suministra “equipo a rendimiento”, lo cual afecta también al fabricante cuyo compromiso debe extender y cuyo rendimiento se evalúa con mediciones.
Miren en el debate de lo “público” o lo “privado”, por ejemplo, en el campo de la telefónica, nunca antes habíamos disfrutado de mejores tarifas, nuevos y mejores servicios que los que ahora estamos disfrutando. ¿Saben por qué? Por la libertad de competencia y la liberación del mercado. Desde que la participación del Estado en Telefónica en 1945, con la adquisición de una participación en la empresa del 79,6%, se ha ido diluyendo mediante una ampliación de capital en 1967, hasta su privatización total que tuvo lugar mediante dos ofertas públicas de acciones en 1995 y 1999 y tras la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en Europa, Telefónica ha debido afrontar una mayor competencia en España al perder el monopolio del que disfrutaba, aun así sigue siendo la empresa líder en el país por número de clientes y facturación. Todo esto ha traído la creación de un rico tejido industrial con la creación de decenas de empresas: Vodafone, Jazztel, Ono, Orange, etc., la creación de miles de puestos de trabajo, un “expertise” tecnológico que nos hace ser muy competitivos internacionalmente y bienestar y beneficios para los usuarios finales. Además no deja de resultar paradójico que los que defendían con denuedo las virtudes del monopolio público y, en el marco del proceso de liberalización de las telecomunicaciones en la Unión Europea que se abría paso a principios de los noventa, apostaron por retrasar hasta el año 2003 el inicio del proceso de liberalización en España, sean hoy las voces más críticas a la hora de afirmar que la liberalización no ha avanzado lo suficiente. En fin, aquí hay algunos que se apuntan a toda crítica, en una dirección o en otra, el caso es no tener una visión más allá de la del interés propio.
En definitiva, sepan primero de que hablan, segundo informen bien a sus vecinos, sin manipulación y sin políticas populistas, tercero apuesten por la competitividad, la riqueza industrial y empresarial y cuarto, ¡Dejen trabajar a los que saben, coño!
