El nuevo Gobierno municipal formado por la coalición PSOE e IU no quiere privatizar el alumbrado público pero tal movimiento podría costar a Córdoba los 754.000 euros que deberían devolverse el 30 de junio o en caso de conseguir una prórroga el 30 de octubre si finalmente decide no acogerse al contrato de eficiencia energética suscrito por la anterior Corporación.

El nuevo gobierno local de Córdoba ha iniciado sus actividades tras la toma de posesión de los diferentes cargos y se encuentra con una obligación contractual que implicaría externalizar la gestión del alumbrado público y a lo cual se opone.  La solución más inmediata anunciada ayer por el concejal socialista y teniente alcalde de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba Emilio Aumente y la edil de Infraestructuras (IU), Amparo Pernichi, fue pedir una prórroga a este contrato y estudiar la solución pero manteniendo el servicio público ya que cree que todo lo que contempla el documento lo puede hacer el servicio de alumbrado público municipal con una plantilla de 30 personas.

Para Aumente sí se «estudiarán» medidas para no perder la subvención de 750.000 euros que ha costado la auditoría energética vinculada a la externalización de este servicio “ la auditoría en sí es aprovechable… pero no atarse con el resto de condiciones que lleva aparejadas en el contrato con la entidad bancaria».

La auditoría energética presupuestada en 750.000 euros recibió una subvención que se contabiliza en esa cifra, pero que obligaba, tras esa auditoría, a subcontratar una serie de servicios por 14 años lo cual implicaba según Aumente desmantelar el servicio público.