El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma) ha anunciado la concesión provisional de 274 millones de euros en fondos europeos de recuperación para rehabilitar 181 edificios públicos en toda España.
El Ministerio seleccionó los 181 proyectos de entre los 1.020 presentados por 880 municipios, diputaciones, cabildos y consells insulares con base en criterios de calidad arquitectónica, solidez, gobernanza, enfoque integral, innovación y oportunidad, y en régimen de concurrencia competitiva.
En concreto, la subvención media concedida a cada proyectos es de 1,51 millones de euros, y los usos de los edificios se reparten de la siguiente manera:
- 76 actuaciones destinadas a edificios de uso cultural
- 15 actuaciones destinadas a edificios de uso deportivo
- 17 actuaciones destinadas a uso educativo
El resto de los usos son varios, aunque destacan las rehabilitaciones en edificios administrativos o para servicios públicos, que incluyen mercados municipales, estaciones de autobuses, comisarías de policía, centros cívicos, laboratorios…
Asimismo, dentro de los proyectos seleccionados, las actuaciones beneficiarias de esta subvención se distribuye de la siguiente manera:
- El 76,45% del presupuesto asignado en la resolución provisional se destina a intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos
- El 23,55% restante se destina a mejorar la sostenibilidad ambiental, accesibilidad, habitabilidad y estado de conservación
Tras la publicación del listado, las entidades locales seleccionadas dispondrán hasta el próximo 18 de abril para aceptar expresamente las ayudas, antes de que se publique la resolución definitiva. Además, la concesión definitiva de las ayudas implica que, una vez finalizada la rehabilitación, los edificios deberán destinarse a uso público durante al menos 20 años y generar importantes ahorros en su consumo de energía. No en vano, los objetivos del programa son ayudar a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, garantizando la reducción de más del 30% del consumo de energía primaria no renovable, mejorar la accesibilidad, la habitabilidad e impulsar la conservación del parque edificatorio.
Los proyectos deberán ser solventes técnica y financieramente y estar efectivamente implantados y en funcionamiento antes del 31 de marzo de 2026.
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