La alianza Rehabilitar el Futuro, que integra a los principales actores del sector de la eficiencia energética en la edificación, ha propuesto al Gobierno la adopción de veinte medidas para activar la rehabilitación energética de edificios y aprovechar su potencial como motor de la recuperación económica y de la lucha contra el cambio climático. La propuesta se ha llevado a cabo a través de la presentación de una propuesta a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y de la publicación de un manifiesto.

La rehabilitación energética de edificios tanto residenciales como terciarios, genera de forma inmediata efectos positivos en la economía, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

En la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020) que el Gobierno remitió a la Comisión Europea, se estima que solo la intervención en la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y en las instalaciones térmicas de 3,85 millones movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones de euros, de los que únicamente el 27% procedería de fondos públicos.

Estas actuaciones generarían, según la ERESEE 2020, entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo al año (51.200 empleos de media anual entre 2021 y 2030), que además no se pueden deslocalizar, lo que representa un aumento adicional del 0,44% sobre el empleo previsto en 2030, con una aportación incremental del 0,47% al PIB estimado para ese año.

Asimismo, la estrategia remitida a Bruselas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana calcula un ahorro de 7.206 millones de euros en la factura energética de los hogares; un impacto positivo en las cuentas públicas (se prevén unas necesidades de financiación del gasto público de entre 219 y 1.000 millones de euros anuales y unos ingresos fiscales adicionales de entre 1.027 y 4.113 millones de euros al año), y un aumento en la renta disponible de los hogares en todos los tramos de renta, pero con una incidencia sensiblemente superior en los tramos más bajos (del 1,7% y el 1,52% en los dos quintiles de la población con menor renta, respectivamente).

La estrategia estima como escenario base un ahorro en el consumo de energía final de los edificios de uso terciario de 47.395 GWh (un 35,94%) para el periodo 2020-2050, repartido del siguiente modo: un 12,9%, de 2020 a 2030; un 20,1%, de 2030 a 2040, y un 7,9% de 2040 a 2050. Para conseguir estos ahorros, la estrategia incluye intervenciones en la envolvente térmica, las instalaciones térmicas y las de iluminación.

Por otra parte, la rehabilitación constituye una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza energética, como ha señalado la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en su informe Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión, del pasado mes de abril.

La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión Europea ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, supuestamente con financiación privada.

Alianza Rehabilitar el Futuro y sus 20 propuestas

Rehabilitar el Futuro se puso en marcha el pasado mes de junio con Greenward Partners, la primera empresa de activación de capital ecológico de España, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green Building Council España (GBCe), como promotores. Desde entonces, se han adherido a la plataforma hasta dieciocho entidades del sector (asociaciones sectoriales, empresas inmobiliarias, constructoras y empresas de rehabilitación, instituciones financieras, centros de investigación y think tanks, ingenierías, empresas de servicios energéticos, fabricantes de equipos y materiales, entre otros), que aglutinan a un millar de entidades de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.

Rehabilitar el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación, encabezadas por el reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios como un interés general prioritario.

1. El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

2. La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

3. La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.

4. La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.

5. La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.

6. El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.

7. La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.

8. La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).

9. La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.

10. La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

11. Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

12. La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.

13. Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida.

14. La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3% de su parque edificatorio y elevarlo a un 6%.

15. La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.

16. El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.

17. La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones

18. Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y municipal.

19. Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.

20. La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.